Walter Cortés deberá cumplir con cursos de género en medio de su disputa con el Soyem
El Soyem instalará una carpa en el Centro Cívico para exigir sueldos retenidos. Mientras tanto, la Justicia obligó al intendente Walter Cortés a realizar cursos de género tras un caso de violencia.
El enfrentamiento entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) de Bariloche y el intendente Walter Cortés sigue escalando y suma un nuevo capítulo de tensión. Tras casi tres meses sin percibir sus salarios, los dirigentes del gremio decidieron intensificar sus medidas de protesta con una manifestación permanente en pleno Centro Cívico. A partir de este viernes, instalarán una carpa frente al edificio municipal y convocarán a los empleados municipales a manifestarse diariamente en reclamo por sus haberes retenidos. Además, planean realizar asambleas abiertas con el objetivo de visibilizar la problemática, generar conciencia en la comunidad y mantener informada a la ciudadanía sobre la falta de respuestas oficiales por parte del Ejecutivo local.
Brenda Morales, secretaria general del Soyem, denunció que la retención de salarios a los miembros de la Comisión Directiva es una maniobra deliberada para “acallar la voz del sindicato” y advirtió que la Justicia aún no ha resuelto lo que considera “un atropello” a la organización. “Pensamos que esto iba a resolverse rápidamente en la Justicia, pero ya van tres meses y no hemos tenido ninguna respuesta. La retención de haberes es ilegal y atenta directamente contra la vida institucional del sindicato”, afirmó Morales en diálogo con Radio Con Vos Patagonia. La dirigente gremial también destacó el fuerte impacto que esta situación genera en la vida cotidiana de los trabajadores afectados, quienes deben afrontar sus compromisos económicos sin contar con ingresos asegurados, lo que pone en riesgo su estabilidad financiera y la de sus familias.
El conflicto se originó cuando la gestión de Cortés tomó la decisión de suspender el pago de los salarios a los dirigentes gremiales, argumentando razones administrativas. Desde el Soyem sostienen que esta es una medida arbitraria de presión para debilitar al sindicato y denunciaron la violación de ordenanzas municipales que garantizan la protección de los derechos laborales de los empleados comunales. “No solo es un ataque directo a nuestro sindicato, sino que sienta un precedente preocupante para todos los trabajadores municipales. Si permitimos esto, mañana pueden avanzar sobre más derechos adquiridos”, advirtió Morales. En respuesta, el gremio presentó una serie de recursos legales con el objetivo de revertir la decisión y exige que se respeten las normativas vigentes que amparan a los empleados municipales.
Mientras tanto, la Justicia resolvió que el intendente deberá cumplir con la Capacitación en Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, una obligación que intentó eludir mediante apelaciones que finalmente fueron desestimadas. “La sentencia está firme y tiene que presentar las certificaciones de realización y culminación de los cursos”, explicó Morales, recordando que se trata de una exigencia establecida por ley para todos los funcionarios públicos. El fallo refuerza la aplicación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para quienes ocupan cargos en el Estado, con el fin de garantizar la formación en perspectiva de género dentro de la administración pública y prevenir situaciones de violencia institucional.
En este contexto de creciente tensión, el gremio recibió el respaldo de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que manifestaron su preocupación por la situación en Bariloche y denunciaron lo que consideran una vulneración de los derechos sindicales.
“Vamos a sostener este reclamo en el Centro Cívico hasta obtener una respuesta concreta. Nos acompañan gremios de todo el país y no vamos a ceder en nuestra lucha”, concluyó Morales. Además, adelantó que en los próximos días se sumarán nuevas medidas de visibilización, como movilizaciones, conferencias de prensa y acciones judiciales adicionales, con el objetivo de aumentar la presión sobre la gestión municipal y lograr una pronta solución al conflicto.
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