Un jefe policial fue condenado por abuso sexual y hostigamiento contra una agente en Bariloche
A cuatro años de conocerse el caso, la Justicia condenó al subcomisario Ricardo Fraima. Durante el proceso se comprobaron los abusos y el hostigamiento contra una sargento de la Unidad 80.
Un tribunal de juicio de Bariloche condenó al subcomisario de la Policía de Río Negro, y actual jefe de Toxicomanía de la Zona Andina, Ricardo Nicolás Fraima, a tres años de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones. La sentencia incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos con personal femenino a su cargo. El fallo no solo reconoció la agresión sexual, sino también la sistemática persecución y hostigamiento que sufrió la víctima.
Tras el ataque, que ocurrió en la oficina del condenado, la mujer intentó seguir con su trabajo, pero encontró un entorno hostil, en el cual el subcomisario utilizó su poder para aislarla y castigarla. Ordenó que solo realizara tareas peatonales, la dejó fuera de patrullajes y alteró sus horarios de servicio y licencias sin justificación. Sus compañeros notaron el trato diferencial y lo vincularon con una exigencia de índole sexual.
La presión no se limitó al ámbito laboral. Surge de la sentencia que Fraima le envió mensajes personales con insinuaciones y fotografías obscenas. A pesar del evidente acoso, su superior directo, el comisario de la Unidad Regional III, rechazó tomar medidas. La víctima solicitó una reunión con él para denunciar lo que ocurría, pero la respuesta fue que se trataba de cuestiones personales.
En su declaración, la agente policial dijo que no buscaba que Fraima fuera a prisión, sino que su objetivo era curar un ciclo, que se sepa la verdad y comprometerse con sus compañeras para visibilizar una situación que consideró que no es aislada en la fuerza policial.
El hostigamiento escaló cuando la víctima intentó salir del ámbito de influencia del subcomisario. Luego de pedir su traslado, él la desacreditó frente a sus nuevos superiores. La responsable del Área de Género de Desarrollo Social declaró en el juicio y dijo que Fraima acudió personalmente a su oficina para advertirle sobre la supuesta “mala conducta” de la víctima. La insistencia y el desprestigio levantaron sospechas en la funcionaria quien decidió escuchar la versión de la mujer y finalmente le brindó asistencia.
Una profesional de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) ratificó en el juicio lo relatado por la agente. Contó que presenció el impacto emocional que sufría y vio las imágenes enviadas por el condenado. Su testimonio confirmó el miedo y la presión que sentía la sargento, además de evidenciar el conocimiento que los compañeros de trabajo tenían sobre la situación. Otra operadora de la Ofavi respaldó la versión de la víctima y aportó detalles sobre la contención psicológica que se le brindó y los efectos devastadores del acoso prolongado.
Los testigos presentados por la defensa no lograron desacreditar el relato de la víctima ni los testimonios que lo respaldaban. El fallo estableció que Fraima no solo cometió abuso sexual, sino que utilizó su jerarquía para hostigar a la víctima. La sentencia de primera instancia, que aún no se encuentra firme, fijó la prohibición de acercamiento y le ordenó realizar un curso sobre nuevas masculinidades fuera del ámbito policial.
El hecho
El caso fue dado a conocer en julio de 2021. Por aquel entonces la fuerza policial comunicó que Fraima, quien estaba a cargo de la Unidad 80 del barrio San Francisco, se encontraba bajo una “suspensión preventiva” a partir de la denuncia en su contra. Pero no fue el único afectado ya que, también se pasó a disponibilidad al por entonces jefe de la Regional III, Walter Lucero.
La decisión de la máxima cúpula policial tuvo como fundamento una investigación interna que surgió por una denuncia administrativa. De hecho, ese informe, y dado que se trataba de un delito “de instancia privada, llevó a que el caso pasara a manos del Ministerio Público Fiscal que continuó con la investigación hasta estos días.
