Walter Cortés vetó una ordenanza que prometía mayor transparencia en la pauta oficial
El intendente comunicó su veto total a una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal que buscaba transparentar el uso de la pauta oficial, generando críticas por su impacto en la libertad de prensa.
El intendente Walter Cortés resolvió vetar en su totalidad la ordenanza 3478/24, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 19 de diciembre. La norma establecía un protocolo específico para regular el uso de la pauta oficial, con el objetivo de garantizar la transparencia y prevenir condicionamientos a la libertad de prensa, pero fue desestimada bajo el argumento de una supuesta extralimitación del poder legislativo en las atribuciones del Ejecutivo.
La medida que se dio a conocer este jueves, promete generar una fuerte controversia. La ordenanza vetada proponía sustituir la normativa vigente —la ordenanza 2636/15—, a la que varios sectores consideran insuficiente para garantizar una distribución equitativa de los fondos destinados a medios de comunicación. Según explicó el concejal que impulsó la iniciativa, la nueva regulación buscaba cerrar grietas legales que podrían derivar en usos discrecionales de los recursos públicos, afectando tanto la transparencia como la independencia periodística.
En diálogo con Radio Con Vos Patagonia, el concejal Facundo Blanco Villalba (PRN) había subrayado que "la pauta oficial no puede ser usada para presionar a periodistas", destacando la importancia de contar con un marco normativo que promueva la pluralidad informativa. Sin embargo, en su resolución, Cortés argumentó que la norma interfería con las facultades exclusivas del Ejecutivo, según lo establece el artículo 51 de la Carta Orgánica Municipal.
La decisión del intendente reabrió el debate sobre la necesidad de reglamentar más estrictamente el uso de la pauta oficial, un tema que históricamente se mantuvo en el centro de cuestionamientos por posibles favoritismos y manejos opacos. Desde sectores críticos al veto, se advirtió que la falta de controles sólidos perpetúa un sistema en el que el Ejecutivo tiene un poder desmedido para influir sobre los medios, lo que compromete el derecho ciudadano a una información veraz e independiente.
El veto llega en un contexto donde la demanda por transparencia en la gestión pública es más apremiante que nunca. "Con esta decisión, se envía un mensaje peligroso: cualquier intento por fiscalizar los fondos destinados a medios puede ser bloqueado bajo argumentos formales", sostuvo un analista político local consultado por este medio.
Mientras tanto, el Concejo Municipal deberá decidir si insiste en la promulgación de la ordenanza o busca alternativas para abordar el problema. Es que, según la Carta Orgánica, el Deliberante deberá tratar el veto en los próximos 30 días y votar nuevamente la normativa. De hecho en aquella sesión el proyecto logró el acompañamiento del bloque de JSRN, Incluyendo Bariloche, el del propio Blanco Villalba y dos concejales oficialistas: Mary Coronado y Tomás Hercigonja (PUL). Por la negativa se habían expresado Samanta Echenique (JxC) y Roxana Ferreyra (Nos Une). El presidente del Concejo, Gerardo del Río (PUL), estuvo ausente en ese momento.
En cualquier caso, el debate sobre la pauta oficial y su regulación parece lejos de cerrarse en Bariloche.
