Obligatorio y con multa: cuánto pagará el municipio por el referéndum que impulsa Cortés
El referéndum obligatorio convocado por Cortés costaría al municipio unos $120 millones. Quienes no voten deberán pagar una multa equivalente a una bolsa de cemento.
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sorprendió al anunciar un referéndum popular para definir el destino de diez proyectos de su gestión. Pero más allá del debate institucional, el impacto económico de esta iniciativa ya genera interrogantes: según estimaciones ajustadas por inflación, la elección podría costar al Estado municipal unos $120 millones de pesos, una cifra equivalente al gasto de una elección general en la ciudad.
La cifra surge de un análisis económico realizado por una profesional local consultada por Radio Con Vos Patagonia, que calculó el gasto en base a los antecedentes presupuestarios de los comicios municipales de 2019. En aquel entonces, el municipio destinó $1.700.000 para organizar la elección local. Si se actualiza ese monto siguiendo la inflación acumulada entre 2019 y 2025 —que supera el 7.000% según los índices oficiales y estimaciones privadas—, el resultado proyectado ronda los $119 millones, que podrían superar los $120 millones en caso de ajustes operativos, tecnológicos o logísticos.
La propuesta no es simbólica. El propio intendente anunció que quienes no concurran a votar deberán pagar una multa equivalente al valor de una bolsa de cemento. En Bariloche, ese insumo básico para la construcción tiene hoy un valor de $15.860, según relevamientos de corralones locales. Aunque no se especificó aún qué mecanismos se usarán para aplicar la sanción ni cómo se administrará su cobro, la decisión refuerza el carácter obligatorio del referéndum y anticipa posibles conflictos legales si no se reglamenta con claridad.
El operativo electoral que se requiere
El referéndum no será una votación informal. Tendrá condiciones idénticas a una elección general. El padrón vigente —utilizado en los comicios municipales de 2023— incluye 108.092 electores, entre ellos 1.651 extranjeros habilitados que se inscribieron de forma voluntaria. La estructura operativa desplegada en esa elección requirió 46 escuelas habilitadas, 318 mesas, 600 autoridades de mesa, 60 coordinadores generales, 15 técnicos de sistemas para el recuento y 7 urneros, con transporte especial y custodia policial.
La implementación de medidas de accesibilidad también será obligatoria, ya que en 2023 se incorporaron cuartos oscuros accesibles y plantillas en braille para personas con discapacidad. De repetirse ese esquema —hoy considerado estándar electoral—, los costos operativos y humanos serán equivalentes o incluso superiores a los de una elección tradicional.
“Todavía no recibimos el pedido”
Norma Taboada, integrante de la Junta Electoral Municipal, confirmó que al día de hoy el Ejecutivo aún no remitió el pedido formal para convocar el referéndum del 9 de noviembre. “El proceso se inicia cuando el proyecto ingresa a la Junta a través de un correo electrónico oficial. Hasta ahora, eso no ocurrió”, advirtió en diálogo con Radio Con Vos Patagonia.
Taboada explicó que la logística debe cubrir los 16 distritos de la ciudad. “No se trata solo del día de la elección. Hay que capacitar a las autoridades de mesa, diseñar las boletas, habilitar edificios, movilizar personal y garantizar seguridad. Es un despliegue enorme”, detalló.
También explicó que, a diferencia de una elección general, en un referéndum las boletas son distintas. “Se vota por 'sí' o por 'no', y el diseño lo realiza la Junta. La capacitación también es distinta. Y hay que prever los recursos humanos necesarios con mucha antelación”, afirmó.
