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A una semana del anuncio, Cortés no hizo oficial el pedido de un referéndum

El Intendente demora la publicación de la resolución y el posterior pedido a la Junta Electoral Municipal. Qué sucedió en los últimos días.

A una semana del anuncio, Cortés no hizo oficial el pedido de un referéndum

El Intendente demora la publicación de la resolución y el posterior pedido a la Junta Electoral Municipal. Qué sucedió en los últimos días.

"La voluntad del pueblo está por encima de todo", afirmó el intendente Walter Cortés al anunciar un referéndum que —según anticipó— pondrá en juego el futuro de diez iniciativas clave para la ciudad. Una semana después de aquella presentación en la Sala de Prensa del Centro Cívico, no se publicó la resolución oficial ni se cursó pedido alguno a la Junta Electoral Municipal para iniciar el procedimiento.

El anuncio se dio en un acto rodeado de funcionarios y asesores. A cada lado de Cortés se ubicaron la asesora letrada Yanina Sánchez y el presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux. En ese contexto, el jefe comunal confirmó su decisión de convocar a la ciudadanía el próximo 9 de noviembre. La presencia de un vocal del órgano de control no fue casual: sin pronunciamiento de los otros integrantes del tribunal y sin el aval del Concejo Municipal, el Ejecutivo avanzó solo.

Las propuestas a someter a votación no generaron mayores polémicas. Las críticas se centraron en el modo: una decisión unilateral que dejó afuera al poder legislativo. En la sala, solo una concejal del oficialismo, Mary Coronado, acompañó el anuncio.

Desde la otra vereda

Una de las primeras en cuestionar la medida fue Laura Totonelli (JSRN), quien la consideró un intento de "desplazar al Poder Legislativo". “Muchas de las iniciativas que quiere someter a votación están frenadas por falta de trabajo del oficialismo en comisiones”, advirtió. Y agregó: “Gobernar es también gestionar los desacuerdos. Lo que hace Cortés es eludir el conflicto, disfrazándolo de democracia directa.

La tensión escaló hasta el recinto legislativo: en la última sesión, los concejales votaron citar al intendente para que brinde explicaciones formales. Si desoye el llamado, podría ser sancionado con una multa equivalente al 30% de su salario.

Por su parte, la concejal Natalia Almonacid (JSRN) recordó que los artículos 163 y 38 inciso 14 de la Carta Orgánica son claros: el referéndum es una atribución exclusiva del Concejo Municipal. “No sé si lo obvian por desconocimiento, por impericia o directamente a propósito”, planteó con ironía.

En contraste, el presidente del Tribunal de Contralor defendió el accionar del Ejecutivo: “Es una forma más de ejercer la democracia”, argumentó, y afirmó que ya estaban trabajando con la Junta Electoral y las fuerzas de seguridad en la logística del proceso.

¿Cuánto le costará a Bariloche?

La consulta no será simbólica. Tendrá el mismo formato que una elección general y será obligatoria. Según estimaciones de consultores particulares, podría implicar un gasto cercano a los 120 millones de pesos.

El padrón municipal incluye 108.092 electores. La elección de 2023 demandó 46 escuelas habilitadas, 318 mesas, 600 autoridades de mesa, 60 coordinadores generales, 15 técnicos de sistemas para el recuento y 7 urneros, además de transporte especial y custodia policial.

La vía judicial

En diálogo con Radio Con Vos Patagonia, el abogado y exlegislador provincial Alejo Ramos Mejía analizó los límites legales del referéndum y alertó sobre las posibles derivaciones institucionales.

“La regla es la democracia representativa. Lo otro es la excepción”, afirmó, en alusión al uso reiterado de consultas populares. Recordó que el sistema local se basa en mandatos claros: intendente, concejales y miembros del Tribunal de Contralor son elegidos por cuatro años para ejercer sus funciones sin delegar las decisiones estructurales en la ciudadanía de forma sistemática.

Uno de los puntos más sensibles que planteó fue la falta de competencia del Ejecutivo para convocar un referéndum por resolución propia. “El artículo 163 autoriza su realización, pero no le da al intendente la potestad exclusiva. Puede proponerlo, pero quien debe resolverlo es el Concejo”, subrayó Ramos Mejía.

En caso de que el Deliberante rechace la iniciativa y el Ejecutivo insista, no se descarta una escalada judicial. El abogado anticipó que podría presentarse un prohibimus, una acción de amparo para impedir un acto contrario a la Carta Orgánica.

Los barilochenses deciden

  • Habilitar Uber y todas las aplicaciones de transporte.
  • Extender la emergencia habitacional hasta 2027.
  • Ceder el inmueble de la costanera (el restaurante) a los excombatientes de Malvinas.
  • Aprobar un plan vial municipalizado (calles 9 de Julio, Sobral y La Paz).
  • Consolidar la Ecotasa como herramienta de financiamiento de obras.
  • Reactivar el paseo de la isla Hemul.
  • Revisar pagos salariales vinculados al Soyem.
  • Construir un natatorio municipal.
  • Finalizar el Centro de Convenciones.
  • Reemplazar los pinos de la costanera por especies autóctonas.

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