La puesta en marcha de la planta de hormigón demandará unos 1.000 millones de pesos
Los concejales plantearon sus dudas en torno a la compra que concretó el Ejecutivo. También se conocieron detalles acerca de su funcionamiento.
El Concejo Municipal se sumó al debate en torno a la conveniencia y la transparencia de la operatoria que realizó el Ejecutivo para la compra de una planta dosificadora de hormigón. Los planteos se realizaron en la Comisión Legislativa de este miércoles (4/9) en la que los bloques políticos coincidieron en realizar pedidos de informes y demandar la actuación del Tribunal de Contralor.
El concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN) fue quien aportó detalles acerca del funcionamiento de la planta por la que el Municipio autorizó a pagar 190 millones de pesos. “Realmente falta muchísimo”, dijo acerca de la puesta en marcha de una estructura a la que se le deberán sumar silo de almacenamiento de cemento, trituradoras, sarandas, camiones mixer para trasladar el hormigón y camiones tolva que lleven el cemento. La planta además deberá contar con una cantera habilitada y un laboratorio para certificar que el hormigón es de calidad H30 antes de ser arrojado en las calles.
“Lo que falta ronda los 1.000 millones de pesos”, agregó acerca de algunos de los costos que asumirá la comuna. Además explicó que los 100 metros de pavimento requieren de una inversión extra de 100 millones de pesos, a los que habrá que añadir –ya en terreno- la maquinaria para consolidar las calles, soterrar los servicios y comprar el material necesario. Por si fuera poco, también deberá contar con personal calificado como laboratoristas, plantistas y choferes, con los que no cuenta la planta municipal.
Ferrari también hizo foco sobre la operatoria comercial ya que la única empresa que respondió a la solicitud del municipio se dedica a la compra venta de automóviles. “En el país hay tres empresas que proveen a todo el sector del hormigón, ninguna fue consultada”, señaló para luego mencionar el faltante de un informe técnico que permita justificar los millones destinados a la compra.
A su turno, el concejal Facundo Blanco Villalba (PRN) dijo que decidió llamar a otros proveedores de plantas de hormigón y que, en todos los casos, se podría hablar de montos de casi un tercio de la compra directa que hizo el Municipio. Incluso destacó que el monto ofrecido por la comuna fue –llamativamente- “un número redondo”.
La concejal Roxana Ferreyra (Nos Une) se refirió al destino de los recursos públicos a la emergencia vial por encima de los programas sociales y puso como ejemplo a la organización de lenguaje de señas “Alas de Águila” que, por ordenanza municipal, debería estar presente en cada acto público, cuya contratación fue suspendida por falta de recursos.
“Cuando es una compra directa se quita transparencia al acto en sí mismo”, analizó la concejal Julieta Wallace (IB) acerca de un procedimiento que, fuera de la emergencia económica, demandaría un pliego de licitación. Por eso propuso al Contralor para solicitar información sobre la operatoria y adhirió a la posibilidad de elevar la consulta a la brevedad.
Natalia Almonacid (JSRN), en cambio, se preguntó si luego de la compra el Municipio podrá –efectivamente- hacer uso de la planta de hormigón. Coincidió en que será el Tribunal de Contralor el que revise el procedimiento pero advirtió que mientras se debate el Ejecutivo pudo haber concretado la compra.
“Me preocupa que se desembolse tanto dinero para lo que –supuestamente- todo el mundo visualiza que es casi de imposible función en esta ciudad”, y también apunto a la desatención de los programas sociales: “podemos comprar máquinas pero no dar la merienda a un centro de abuelos”. Con esta crítica reveló que la comuna no ejecutó ningún proyecto social y aseguró que, en algunos casos, la respuesta fue que “no podía dar más de lo que estaban dando”.
También se refirió a la compra de maquinaria vial mediante una subasta ya que los equipos, que eran usados, no tuvieron informe técnico ni revisión de ningún tipo. De hecho, una de ella, “hoy está sin funciones” en el vertedero municipal.
Para Almonacid, la falta de una consulta a una de las tres proveedoras nacionales de plantas de hormigón “es complejo” y, ante la inminente llegada del equipo, sugirió un pronto despacho al Contralor.
