Acusan al Estado de sostener la RTO porque “es un curro armado para sacarle plata a la gente”
El concejal Blanco Villalba propone suspender la RTO en Bariloche por 24 meses. Denuncia que no mejora la seguridad vial y la califica como “un curro” sin evidencia real.
En un movimiento que desafía a las normativas viales vigentes, el concejal Facundo Blanco Villalba presentó un proyecto de ordenanza que busca suspender por dos años la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para los vehículos que circulen por el ejido urbano de Bariloche. En diálogo con Radio Con Vos Patagonia, el edil cuestionó la legitimidad de la exigencia estatal y aseguró que la medida no ha demostrado, en más de una década, mejoras reales en la seguridad vial.
“Les exigen a los vecinos tener sus autos en impecables condiciones, pero el Estado no tapa ni los baches”, disparó Blanco Villalba, quien sostiene que la RTO, tal como se implementa hoy, no solo es ineficaz, sino además “un curro” sostenido por normativas que imponen costos a los ciudadanos sin ninguna contraprestación visible.
Según el concejal, el eje del debate debe estar puesto en las causas reales de los siniestros viales. Y allí, asegura, la evidencia es clara: los accidentes en Bariloche no se explican por fallas mecánicas de los vehículos, sino por otras variables mucho más relevantes. El consumo de alcohol al volante, el exceso de velocidad y los errores humanos son los principales factores de riesgo. En segundo plano —aunque también relevantes— aparecen el mal estado de la calzada, los baches, la falta de señalización y la escasa iluminación.
“Es mucho más lo que se accidenta la gente porque el Estado no hace lo que tiene que hacer, que por el hecho de que un privado tenga el auto en malas condiciones”, enfatizó.
En este contexto, Blanco Villalba pone en tela de juicio la utilidad real de la RTO como herramienta preventiva. Y señala una paradoja: el Estado exige a los ciudadanos rigurosidad y cumplimiento, pero no se aplica el mismo estándar a sí mismo en la gestión del espacio público. “Hay una contradicción evidente”, aseguró.
El proyecto no elimina la RTO. Propone una suspensión de 24 meses, durante los cuales el municipio debería impulsar un estudio “significativo” para evaluar si la revisión técnica tiene, en los hechos, un impacto medible sobre la reducción de siniestros viales. “Actualmente no existe esa evidencia, pero el sistema se sigue cobrando igual”, afirmó.
La propuesta también contempla exigir al Ejecutivo municipal un plan integral de infraestructura vial, que incluya mejoras sostenidas en calles, bacheo, señalización y controles.
La crítica al “negocio de la RTO”
Uno de los ejes más filosos del discurso del concejal apunta al costado económico de la revisión obligatoria. “Esto es un curro”, sostuvo sin matices. Y agregó: “Los vecinos de Bariloche son un público cautivo que debe pagar todos los años una revisión que no garantiza nada. Es plata que se va sin que vuelva en mejoras concretas”.
A diferencia de quienes defienden la obligatoriedad de la RTO como una herramienta para identificar y retirar vehículos en condiciones peligrosas, Blanco Villalba argumentó que esa tarea debe realizarse mediante controles viales directos. “Un auto que circula sin luces, que es un delito, se saca de circulación con más controles, no con la RTO”, remarcó.
El edil defendió la viabilidad jurídica del proyecto. Aunque reconoció que la ley nacional de Tránsito (24.449), a la que Río Negro adhiere, tiene jerarquía superior, recordó que los municipios tienen autonomía y ejercen poder de policía sobre el tránsito dentro de sus jurisdicciones.
Citando antecedentes concretos, mencionó una disposición de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte municipal —fechada el pasado 24 de abril— en la que se suspendió la exigencia de la RTO por la falta de talleres habilitados. Esa medida, subrayó, no fue impugnada, y constituye una muestra de que es posible tomar decisiones de alcance local frente a la normativa provincial.
También mencionó intentos similares en otras provincias, como San Juan, para sostener que la discusión no es exclusiva de Bariloche, sino un tema que comienza a resonar en distintas partes del país.
Aunque el ámbito de aplicación de la ordenanza se limita a las calles de dominio municipal —dejando fuera rutas nacionales y provinciales—, Blanco Villalba reveló que recibió llamados desde distintos puntos de la provincia, como el Alto Valle o la zona atlántica, donde la combinación de calles deterioradas y revisiones técnicas obligatorias también genera malestar.
“Si se aprueba este proyecto en Bariloche, puede haber un efecto en cascada. No somos los únicos que estamos viviendo esta situación”, afirmó. En ese marco, la propuesta aparece no solo como una decisión administrativa, sino como una declaración política con potencial de irradiación regional.
El concejal dijo que la iniciativa cuenta con un fuerte respaldo vecinal. “Miles de personas me han escrito para saber cómo apoyar el proyecto. Hay un hartazgo con este sistema. La gente quiere que se revise algo que ya no se sostiene más”, explicó.
En ese sentido, Blanco Villalba expresó su expectativa de que el Concejo Municipal le dé un tratamiento serio a la propuesta, diferente de lo ocurrido con otras iniciativas que, a su entender, se diluyeron sin debate real. “Esto no es un capricho ni una jugada política. Es una oportunidad para replantearnos si estamos haciendo las cosas bien”, concluyó.
