Cortés ignora al Concejo e impone la democracia directa: 10 proyectos a referéndum
El intendente Walter Cortés convocó un referéndum popular sin consultar al Concejo. La decisión desata un debate jurídico y político que sacude la institucionalidad de Bariloche.
En una jugada que promete reconfigurar los límites entre los poderes del Estado en Bariloche, el intendente Walter Cortés anunció este mediodía (2/7) la convocatoria a un referéndum popular para el próximo 9 de noviembre, eludiendo completamente la intervención del Concejo Municipal.
La escena fue elocuente. Rodeado de funcionarios, asesores y con el explícito respaldo del presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux (JxC), y la asesora letrada municipal, Yanina Sánchez, el intendente lanzó un paquete de diez propuestas que someterá directamente a la voluntad ciudadana. Su mensaje fue claro: “La voluntad del pueblo está por encima de todo”.
La concejal oficialista Mary Coronado (PUL) fue la única representante del Deliberante presente en la sala. El resto del cuerpo legislativo local quedó completamente marginado de la decisión, que tomó estado público sin aviso, consulta ni consenso previo.
La decisión de Cortés no es solo política. Es institucionalmente disruptiva. Dos de los tres poderes del Estado municipal —el Ejecutivo y el Tribunal de Contralor— se alinearon en apoyo a la convocatoria, dejando al margen, en un rol casi decorativo, al Concejo Municipal.
“No tienen que tenerle miedo a la democracia”, sentenció el intendente, en una frase que resonó tanto como desafío político como advertencia. Fue más allá: “Si esto se judicializa, quien lo haga está en contra de la democracia”.
Las preguntas que el Concejo nunca debatirá
La consulta que impulsa el intendente incluye una batería de temas que atraviesan desde políticas públicas hasta definiciones estructurales del modelo de ciudad. Entre ellos:
- Habilitar Uber y todas las aplicaciones de transporte.
- Extender la emergencia habitacional hasta 2027.
- Ceder el inmueble de la costanera (el restaurante) a los excombatientes de Malvinas.
- Aprobar un plan vial municipalizado (calles 9 de Julio, Sobral y La Paz).
- Consolidar la Ecotasa como herramienta de financiamiento de obras.
- Reactivar el paseo de la isla Hemul.
- Revisar pagos salariales vinculados al Soyem.
- Construir un natatorio municipal.
- Finalizar el Centro de Convenciones.
- Reemplazar los pinos de la costanera por especies autóctonas.
Cortés fue categórico: “Si el pueblo lo vota, el pueblo lo decide. Si los proyectos son rechazados, no serán tratados en el Concejo. Es democracia directa”, dijo.
El intendente defendió la convocatoria como un “acto puro de democracia directa”. En su visión, la consulta popular es el antídoto contra “una burocracia que pone palos en la rueda y no deja avanzar”.
“El pueblo vive en carne propia lo que está bien y lo que está mal”, afirmó. Su objetivo, dijo, es acelerar decisiones, romper la inercia legislativa y sortear obstáculos políticos. “Estamos acostumbrados a que siempre nos pongan trabas. Esto va a ser muy parecido a cualquier elección, y si alguien quiere trabajar gratis para bajar costos, bienvenido”, remarcó.
Incluso deslizó que la no participación no será gratuita: “Quien no vaya a votar tendrá que pagar una multa... de una bolsa de cemento”, lanzó, despertando aplausos en la sala.
El respaldo jurídico y el debate que se abre
Yanina Sánchez, la asesora letrada, fue la encargada de ponerle la arquitectura legal al anuncio. Sostuvo que la convocatoria está amparada en el artículo 163 de la Carta Orgánica Municipal, que permite el llamado a referéndum. Aseguró que su resultado será vinculante y obligatorio.
“El intendente está facultado para convocarlo. Las preguntas serán claras, directas, sin confusión. Y con los fundamentos publicados en la resolución”, precisó.
A su lado, Estanislao Cazaux, presidente del Tribunal de Contralor, refrendó la movida con un guiño político que no pasó desapercibido: “Es una forma más de ejercer la democracia”, dijo, y explicó que ya trabajan con la Junta Electoral y fuerzas de seguridad para garantizar la logística.
Un debate que escala
Lo que está en juego no es menor. Abogados consultados por este medio ya deslizan dudas sobre la interpretación que hace el Ejecutivo del artículo 163. En particular, el eje de la discusión gira en torno a si puede un intendente convocar unilateralmente a un referéndum que, en los hechos, legisla sobre materias que son competencia exclusiva del Concejo.
La decisión de Cortés rompe con la práctica histórica de la democracia representativa en Bariloche y podría abrir la puerta a judicializaciones. Desde los bloques opositores, que no fueron parte de la conferencia, ya se anticipan cuestionamientos. El Concejo no solo fue ignorado: fue desactivado como espacio de debate para estos temas.
El movimiento de Cortés plantea un dilema profundo. Desde el Ejecutivo se argumenta que la consulta es un ejercicio de participación ciudadana, pero desde otra perspectiva emerge una pregunta inquietante: ¿Es legítimo reemplazar la representación democrática por mecanismos plebiscitarios cuando conviene al Ejecutivo?
La discusión ya no es solo técnica ni jurídica. Es política, estructural y, quizás, fundacional para el futuro de la ciudad.
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