Concesiones en Bariloche: el Ejecutivo defendió su facultad de renovar contratos sin licitación
La decisión de Cortés profundiza la grieta entre el Ejecutivo y los bloques opositores del Concejo Municipal, que denuncia falta de transparencia en los contratos públicos.
En una decisión que reaviva el debate sobre la transparencia y las contrataciones del Municipio, el intendente Walter Cortés, vetó esta semana la ordenanza 3499-CM-2025, mediante la cual el Concejo Municipal había abrogado el régimen que habilita las prórrogas directas en las concesiones de servicios públicos.
El proyecto, impulsado por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), proponía derogar la ordenanza 502-CM-95, norma vigente desde hace casi tres décadas, con el argumento de que favorece "la falta de competencia, la opacidad en las adjudicaciones y una potencial ineficiencia en el uso de los recursos públicos". Según el edil, permitir renovaciones contractuales sin licitación previa “afecta la confianza ciudadana” y distorsiona el mercado, al beneficiar a los operadores actuales sin abrir la posibilidad a nuevos oferentes.
Sin embargo, desde el Ejecutivo respondieron con un veto total. A través de la resolución 1104-I-2025, Cortés sostuvo que el mecanismo previsto por la normativa original está lejos de ser discrecional o automático. Subrayó que la ordenanza contempla controles interinstitucionales —como el dictamen de la Comisión de Transacciones, integrada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal de Contralor— y que se garantiza la posibilidad de abrir nuevos llamados a licitación si existen otros interesados.
“La continuidad de los servicios públicos y la posibilidad de atraer inversiones dependen, en gran medida, de la estabilidad contractual”, sostiene el texto firmado por el jefe comunal. Para el gobierno local, eliminar la herramienta de renovación sin un esquema de reemplazo ágil podría generar perjuicios económicos al municipio y afectar la calidad del servicio, sobre todo ante eventuales conflictos legales con concesionarios vigentes.
Además, se alerta que limitar las prórrogas podría desalentar nuevas inversiones, al acortar los plazos de recuperación de costos y amortización. “Las empresas concesionarias no invertirán si no tienen un horizonte claro”, afirmaron desde el entorno del intendente.
La resolución deja la puerta abierta a un nuevo tratamiento en manos de los concejales para ratificar el texto de la ordenanza, aunque desde el otro lado del boulevard Independencia se anunció una postura firme: preservar la facultad del Ejecutivo para renovar contratos cuando las condiciones técnicas y económicas así lo justifiquen, sin quedar atado a la burocracia de licitaciones que, según interpretan, podrían paralizar servicios esenciales.
