Una empleada judicial cobraba tres sueldos públicos al mismo tiempo: la acusan de fraude a la administración
Una trabajadora judicial fue imputada por usar licencias laborales para cobrar sueldos simultáneos en tres organismos públicos. La acusan de fraude a la administración pública.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una empleada judicial acusada de defraudar al Estado al percibir sueldos de tres organismos distintos en simultáneo, valiéndose de licencias laborales en su puesto original dentro de una Defensoría de Cipolletti. La maniobra se habría extendido entre junio de 2022 y enero de 2025.
La audiencia se realizó este jueves de forma virtual y marcó el inicio formal de la investigación penal preparatoria por un presunto delito de fraude contra la administración pública.
Según la acusación, la mujer mantenía un cargo en el Ministerio Público de la Defensa, pero durante ese mismo período también figuraba como empleada de la Municipalidad de San Martín de los Andes —entre junio y octubre de 2022— y, desde ese momento hasta agosto de 2024, en la Obra Social de Petroleros Privados.
“Se valió de diversas licencias para ausentarse de su puesto laboral, con intenciones de defraudar a la Administración Pública”, afirmó el fiscal interviniente.
Durante los meses señalados, percibía remuneraciones simultáneas de los tres organismos, a pesar de estar expresamente impedida de ocupar otros cargos fuera del Poder Judicial de Río Negro.
La investigación comenzó tras una denuncia interna en la sede administrativa de la Procuración General en Viedma, a la que luego se sumó documentación clave de organismos como la AFIP, ANSES, el Sindicato de Petroleros Privados, la municipalidad involucrada, y distintas áreas del Poder Judicial.
Además, se incorporó como prueba una resolución del Superior Tribunal de Justicia del 12 de febrero de 2025 que dispuso la cesantía de la trabajadora. No obstante, el proceso penal es independiente del administrativo.
Defensa y pedidos ante el juez
Durante la audiencia, los abogados defensores solicitaron que la misma fuera de carácter reservado. Si bien la Fiscalía defendió el principio de publicidad, se acordó resguardar los datos personales e imagen de la imputada.
Asimismo, la defensa pidió reconvertir la audiencia en una instancia para plantear una suspensión de juicio a prueba (probation). Frente a ello, el fiscal señaló que será necesario consultar previamente la postura de la víctima, en este caso la Administración Pública provincial, por lo que se convocará a un organismo de contralor del Ejecutivo para definir los pasos a seguir.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y abrió una investigación penal de cuatro meses.
