Planta de hormigón: un sumario advierte errores graves en el proceso y apunta a los funcionarios
El presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, confirmó que no se cumplieron los procedimientos legales y cuestionó la falta de formación técnica de quienes ejecutaron la compra.
El presidente del Tribunal de Contralor de Bariloche, Estanislao Cazaux (JxC), reconoció serias preocupaciones respecto a la adquisición directa de una planta dosificadora de hormigón por parte del Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Walter Cortés. La compra, realizada por $192 millones, fue objeto de críticas y sospechas de irregularidades administrativas el año pasado.
Cazaux señaló que la adquisición se realizó sin cumplir con los procedimientos establecidos por la ordenanza que regula las contrataciones municipales. En lugar de llevar a cabo una licitación pública, se optó por una contratación directa amparada en una ordenanza de emergencia. "Se apuró esa gestión en hacer eso... lamentablemente no hubo una licitación que trajera mayores oferentes con mayor calidad", afirmó.
Además, cuestionó que se incluyera al Contralor en el proceso, indicando que la ordenanza de emergencia requería la presencia de un miembro del Tribunal en decisiones ejecutivas, lo cual consideró inapropiado: "Nosotros no podemos estar ahí y tomar decisiones ejecutivas cuando en realidad lo que hacemos es un proceso de control".
Denuncias de triangulación y sobreprecio
El concejal Leandro Costa Brutten (IB) presentó una denuncia señalando graves irregularidades en el procedimiento de adquisición, incluyendo una supuesta triangulación comercial y un posible sobreprecio. Según Costa Brutten, la planta fue adquirida a través de intermediarios no autorizados, y la empresa fabricante, Indumix, no participó directamente en la transacción.
Cazaux confirmó que, en respuesta a la denuncia, el Tribunal de Contralor inició un sumario de investigación para determinar la veracidad de las acusaciones. "El instructor sumariante hizo el sumario de investigación... ahora se pone a consideración del Cuerpo porque el proceso nos permite hacer o aplicar multas directamente o iniciar un juicio de responsabilidad", explicó.
“Yo soy de la idea más de la aplicación de una multa, de la celeridad del proceso”, detalló y explicó que tras la intervención del Ministerio Público Fiscal confirmaron que no se trató de una acción “reprochable penalmente”, sino que podría haber un problema de tinte administrativo. “La justicia ya dijo que penalmente no hay delito, y es una jurisprudencia de la circunscripción judicial de San Carlos de Bariloche lo que tiene que ver que incumplir con una ordenanza no es un delito”, reveló.
Durante el proceso de averiguaciones, y para esclarecer el estado de la planta adquirida, se solicitó la intervención de técnicos de Indumix, quienes realizaron una inspección para certificar que el equipo es efectivamente nuevo y sin uso, tal como lo indica la documentación oficial: “La trazabilidad del producto fue certificada por Indumix que declaró bajo juramento, porque viene a ejercer una pericia. Si ese sujeto nos mintió, bueno, eso es harina de otro costal”.
Acerca del proceso de compra, y la elección de la empresa que ofreció la planta, detalló que F&J SAS compró a Indumix aunque sin retirar el equipo desde la fábrica. “Está todo en la documentación”, dijo. Pero además el instructor sumariante, el abogado Matías Heppner, confirmó que los precios se encuentran dentro de la “razonabilidad”.
Implicancias legales y administrativas
Cazaux enfatizó que, aunque la justicia provincial determinó que incumplir con una ordenanza no constituye un delito penal, existen reproches administrativos que deben ser abordados. "Administrativamente, los procesos administrativos, a mi saber, leer y entender, no fueron los correctos", afirmó.
El presidente del Tribunal también criticó la falta de conocimiento y aplicación de las normativas por parte de los funcionarios involucrados: "Yo no puedo aprender lo que es la ordenanza de contrataciones del municipio de San Carlos de Bariloche en el transcurso de mi gestión. Yo tengo que saber cómo son las normas, cómo se aplican, cuáles son los procedimientos y además las buenas prácticas de los procedimientos".
Por estos días el Tribunal de Contralor se encuentra evaluando las conclusiones del sumario de investigación y determinará las acciones a seguir, que podrían incluir la aplicación de multas o el inicio de un juicio de responsabilidad contra los funcionarios involucrados. Cazaux ratificó su preferencia por una resolución rápida: "Yo soy de la idea más de la aplicación de la multa, de la celeridad del proceso".
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