Fuerte debate en el Concejo por el acuerdo millonario entre el Municipio y la empresa Navtour
Concejales de la oposición objetaron el pago millonario a Navtour SA y advirtieron sobre irregularidades. El oficialismo defendió el acuerdo. Así se encuentra la estación de servicio que se busca recuperar
La decisión del intendente de Bariloche, Walter Cortés, de reconocer el pago de 900.000 dólares a la empresa Navtour SRL, en el marco de una mediación judicial por presuntos daños y perjuicios, desató este martes una fuerte polémica en el Concejo Municipal. Durante la Comisión Legislativa, varios concejales de la oposición expresaron su rechazo al acuerdo, que fue revelado por una publicación de Radio Con Vos Patagonia el pasado 8 de abril.
El punto de conflicto radica en el acuerdo firmado por el Ejecutivo con una empresa vinculada al entorno del propio intendente, por un reclamo originado en la baja de habilitaciones comerciales en años anteriores. El monto, que incluye honorarios de abogados, fue aprobado por la Comisión de Transacciones, que intervino con representantes del Ejecutivo, el Tribunal de Contralor y el presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río (PUL).
La asesora letrada del Concejo, Fiorella Scelatto, defendió la legalidad del proceso: “Es la única Comisión de Transacciones que se conformó este año. El anterior asesor letrado ya había trabajado sobre el tema. Desde el año pasado se planteaba, había una sentencia firme, de fines de 2023, donde se le dio la razón a la actora”, indicó.
Según explicó, “la empresa inicia una mediación y nos pareció razonable un ofrecimiento de un tercio del total, evitando los costos que genera una demanda. A mi entender profesional, creo que el municipio iba a perder ese juicio”.
Sin embargo, desde la oposición apuntaron con dureza al procedimiento y a los vínculos personales involucrados. La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) aseguró: “El contencioso administrativo declaró nula una disposición de intendencia. Esa sentencia fue apelada por la gestión anterior, pero esta gestión dejó caer esa apelación, y con ello quedó firme. El inicio de una acción de daños y perjuicios es otro cantar. Nada tiene que ver con apresurarse a generar un acuerdo en una mediación privada, sin tener la liquidación de cómo se encuentra conformado ese monto de reclamo”.
“En ningún lado surge que el Estado municipal estuviera obligado a acordar una suma de estas características. El Estado no puede desembolsar un millón de dólares frente a un posible reclamo, sin siquiera haber iniciado la demanda”, advirtió. También pidió que se reconsidere la decisión por considerarla “irregular e ilegítima”.
La concejal Roxana Ferreyra (Nos Une) sumó otra crítica: “Aparecen involucrados asesores del intendente, del sindicato de comercio, miembros del Tribunal de Contralor. Hay un conflicto de intereses. ¿Por qué no se apeló esa habilitación, si ya había vencido en 2016?”, preguntó. También pidió acceso a los dictámenes y que se suspenda el pago.
En esa línea, el concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN) remarcó que “no solo la habilitación estaba caída, sino que además existe una ordenanza que prohíbe instalar una estación de servicio a menos de 100 metros de otra, y enfrente ya había una funcionando”. Por eso solicitó que se cite a Yanina Sánchez, exfuncionaria del Ejecutivo, a la próxima reunión de la Comisión Legislativa.
Uno de los discursos más críticos fue el del concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), quien denunció favoritismos y posibles beneficios cruzados. “La transacción en sí misma no tiene justificativo. Termina dándole elementos a alguien que ni siquiera generó una acción judicial contra el municipio. A Luciano Stella le están pagando 90.000 dólares sin que haya iniciado demanda alguna”, expresó acerca del último abogado de Navtour.
Luego agregó: “Es la misma familia que también obtuvo parámetros urbanísticos recientemente para un emprendimiento en el cerro Otto. Si el Comité de Transacciones nos va a dar estas soluciones, no hagan más nada. No quiero ni pensar qué van a hacer con OPS”.
Sobre los honorarios, advirtió: “Es fácil reconstruir, con la documentación, quiénes intervinieron antes y por qué intervino otro abogado que se ganó 90.000 dólares”.
En un pasaje emotivo de su intervención, Costa Brutten afirmó: “La verdad me condiciona esta situación porque conozco a casi todos los actores. Pero no es personal mi función, estoy como concejal, y si pierdo a alguien que me deja de saludar prefiero hacerlo antes de ser parte de algo que perjudica a la municipalidad. Haré otros amigos cuando salga de acá”.
Finalmente, pidió que se deje de pagar las cuotas que definió el Ejecutivo y solicitó acceso inmediato a toda la documentación vinculada.
Lo menos dañoso
Por su parte, el presidente del Concejo, Gerardo Del Río (PUL), defendió su participación en la Comisión de Transacciones: “Fue una situación generada por el propio Estado municipal, en perjuicio de un privado. Ya teníamos una sentencia en contra, y en la instancia de mediación, poder arribar a un acuerdo de estas características era lo menos dañoso”.
Del Río aseguró que se entregará la documentación requerida: “Estoy en representación del Cuerpo y tengo que aceptar lo que el Cuerpo determine. Vamos a disponer toda la documentación para su análisis”, afirmó ante la moción de los concejales de la oposición y el requerimiento de que se suspenda el pago autorizado por el Intendente.
*LEER MÁS: Polémica por el pago de casi un millón de dólares a una firma ligada al entorno del intendente
