Weretilneck marcó distancia de Gennuso: “Cada uno elige su camino”
El gobernador de Río Negro tomó distancia del barilochense Gustavo Gennuso, quien había denunciado una persecución judicial en su contra. También dio su parecer sobre la causa Techo Digno.
En medio del creciente ruido político y judicial en Río Negro por el avance de la causa “Techo Digno”, el gobernador Alberto Weretilneck eligió una entrevista con Radio Con Vos Patagonia para fijar postura.El mandatario aportó detalles acerca del manejo original del programa nacional de viviendas y se refirió a casos como el del exintendente Gustavo Gennuso, quien enfrenta una delicada situación judicial y política.
“Él decidirá cuál es su camino”, dijo Weretilneck, consultado por el rol de Gennuso y su situación dentro del oficialismo provincial. El gobernador recordó que tanto el exjefe comunal como la exgobernadora Arabela Carreras “manifestaron su decisión de no estar más en Juntos Somos Río Negro”, el partido provincial que fundó y lidera desde hace más de una década. “Han optado por tomar otro camino político”, sentenció sin dramatismo. Y agregó: “No tengo mucho juicio de valor para hacer sobre eso”.
Las palabras del gobernador funcionan como una réplica sin réplica directa a los dichos de Gennuso, quien días atrás había declarado a este mismo medio: “Qué miedo me tienen, me persiguen judicialmente”, en una clara acusación hacia el entorno del oficialismo provincial, aunque sin nombrar de forma explícita a Weretilneck.
La respuesta del gobernador buscó no escalar el conflicto, pero al mismo tiempo marcó una línea divisoria: “Después de lo que dijo, no debe tener muchas ganas de estar en Juntos”, deslizó, sugiriendo que la salida política de Gennuso está más cerca de consolidarse que de revertirse.
Un plan con irregularidades
El foco principal de la entrevista, sin embargo, estuvo en el plan de viviendas “Techo Digno”, una política pública lanzada durante el kirchnerismo que resultó en una compleja causa judicial con ramificaciones en varios municipios, incluido Bariloche. Weretilneck fue categórico: “El rol de nuestro gobierno fue terminar las viviendas, no tenemos nada que ver con la causa judicial”.
El gobernador explicó que el programa contemplaba la construcción de unas 3.500 unidades habitacionales y que, de manera excepcional, el gobierno nacional de Cristina Kirchner decidió que fueran ejecutadas por los municipios, en lugar del tradicional Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) de la provincia. “Ahí comenzaron los problemas”, sintetizó.
Según el mandatario, la ejecución local derivó en situaciones de lo más diversas: desde fondos que se usaron para pagar sueldos municipales sin devolución, hasta viviendas cobradas como finalizadas pero apenas ejecutadas en un 30%. “Hubo de todo”, resumió Weretilneck, aunque aclaró de inmediato: “No emitimos juicio de valor, eso le corresponde a la Justicia”.
La denuncia original, recuerda, fue presentada por Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación durante el macrismo. El expediente fue tomado por el juez Claudio Bonadío en los tribunales federales de Comodoro Py, y, tras su fallecimiento, fue derivado a la justicia rionegrina. Desde entonces, el expediente avanza con lentitud pero con consecuencias concretas: varios exintendentes, entre ellos Gennuso, están imputados y podrían enfrentar juicio oral.
Weretilneck se despegó con énfasis: “Nuestra participación fue para terminar las obras”, dijo, y puso como ejemplo a Bariloche, donde las casas fueron finalizadas hace apenas unos meses con fondos provinciales. “El IPPV se hizo cargo porque los municipios no estaban en condiciones técnicas ni económicas de llevar adelante este tipo de proyectos”, señaló.
A pesar de las irregularidades señaladas, el gobernador insistió en una distinción clave: “No creo que ningún intendente se haya llevado un peso al bolsillo”. Para él, el problema radica en la desprolijidad administrativa y en un diseño estructural fallido del programa. “Fueron situaciones tiradas así de prepo”, sintetizó, para luego señalar que ahora será tarea de los fiscales y los jueces determinar si existieron responsabilidades individuales.
En esa línea, defendió el accionar de su gestión como parte de una reparación institucional. “Nosotros tuvimos que poner dinero de la provincia para terminar viviendas que estaban al 30%, al 40%, al 50%...”, enumeró. Sin embargo, no ocultó su preocupación por la deriva judicial que enfrentan algunos exjefes comunales: “Tendrán que ir a juicio y explicar por qué tomaron esas decisiones”.
