Navtour y el acuerdo millonario: “Van a tener que dar cuentas”, advirtió González Abdala

La legisladora González Abdala denunció una maniobra político-judicial tras el pago de 900.000 dólares a una firma que operaba una estación de servicio clausurada en Bariloche.

En medio de un creciente escándalo que involucra al Municipio de Bariloche, la legisladora provincial Marcela González Abdala (JSRN) lanzó duras acusaciones contra la administración del intendente Walter Cortés, luego de que se hiciera público un acuerdo judicial en el que la comuna accedió a pagar cerca de 900 mil dólares a la firma Navtour, propietaria de una estación de servicio inactiva en el kilómetro 13 de la avenida Bustillo. La legisladora denunció una maniobra político-judicial grave, inédita y desprolija, y pidió explicaciones sobre los montos, los responsables y los procedimientos que derivaron en el pago.

“El trámite administrativo fue largo, incluso venía de gobiernos anteriores al nuestro, y tenía que ver con la habilitación de la estación Gulf del kilómetro 13. Esa habilitación se dio de baja por Inspección General. Era una estación ‘fantasma’, como está ahora y como estaba entonces: no funcionaba”, explicó González Abdala en diálogo con Radio Con Vos Patagonia. En esa línea, reveló que la Secretaría de Energía de la Nación había advertido al Municipio que debía clausurar el emprendimiento si alguna vez intentaba funcionar, por problemas con los tanques de combustible.

Según la legisladora, la baja de habilitación fue debidamente notificada y defendida en sede administrativa por el gobierno anterior, que rechazó un recurso de reconsideración y uno jerárquico interpuesto por la empresa. “Ese proceso contencioso administrativo derivó en una primera sentencia adversa a Navtour, porque habían vencido los plazos”, afirmó. La discusión judicial se centró luego en una cuestión meramente formal: si la notificación de la baja había sido correctamente realizada.

“Eso culmina a fines de noviembre de 2023 con una sentencia que declara nula la disposición de habilitación, y lo que hace es volver al ámbito administrativo para continuar con el proceso”, detalló. En ese momento, la Asesoría Letrada municipal, a cargo de Karina Chueri, apeló el fallo. “Esa apelación se concede a fines de noviembre. Ya nosotros yéndonos del gobierno”, recordó.

La transición entre gestiones —Gennuso y Cortés— también fue un eje del testimonio. González Abdala aseguró que se realizó “de manera ordenada y documentada”, y que el traspaso de la información sobre causas judiciales fue completo. “Yo coordiné reuniones entre secretarios salientes y entrantes. Tengo las actas firmadas, incluyendo la entrega de la Asesoría Letrada de Karina Chueri a Yanina Sánchez. Incluso después de la salida del gobierno, Chueri continuó en contacto con Sánchez para alertar sobre los vencimientos”, insistió.

La legisladora responsabilizó a la nueva gestión por haber dejado vencer los plazos para sostener la apelación. “Se le vencieron los plazos de presentación a la actual asesoría letrada, a pesar de las advertencias. El recurso fue declarado desierto”, subrayó. Y enfatizó: “Cuando asumimos en 2015, las computadoras estaban vacías, nadie sabía qué vencía al día siguiente. Por eso, esta vez quise que la transición fuera impecable. No por quien venía, sino por la ciudad”.

Pero la controversia no termina allí. González Abdala denunció además que los abogados que representaron a Navtour —Mike Domínguez y Damián Vila— estuvieron históricamente vinculados al actual gobierno. “Yo recibí a Mike por este tema de Gulf, y también hablé con Vila. Eran apoderados de la empresa. Compartían estudio jurídico. Lo llamativo es que ahora, ya con el proceso administrativo en curso, se inicia una mediación en noviembre de 2024 y se llega a un acuerdo millonario por daños y perjuicios. Eso es lo grave”, afirmó.

La legisladora cuestionó duramente que el Municipio haya aceptado pagar sin siquiera tener una sentencia que lo obligara. “Nunca se pasó por la Comisión de Transacciones. No se probó que Navtour no fuera responsable de la caída de su habilitación. Tampoco hubo sentencia que establezca el daño ni su cuantificación. ¿Cómo llegaron a ese número? ¿Cómo calcularon 900 mil dólares?”, se preguntó.

Y fue más allá: “No es verdad que el Municipio pierda todos los juicios, como dijo el intendente. Pero aun si así fuera, al menos se espera una sentencia de primera instancia. En este caso, ni eso hubo. Se saltearon todo”, denunció.

La gravedad del acuerdo es doble, según González Abdala, porque además “compromete recursos públicos sin respaldo legal suficiente” y porque “deja una ventana peligrosa para que cualquier contribuyente pueda iniciar un reclamo desproporcionado y recibir dinero del Estado sin pasar por los mecanismos institucionales correspondientes”.

También apuntó contra la falta de control: “Aunque esto fue una decisión del Ejecutivo, también es responsabilidad del resto de los poderes que prestaron su conformidad. Y si se hizo de manera unilateral, entonces estamos ante una vulneración de las competencias de la Comisión de Transacciones”.

La legisladora concluyó con una advertencia: “Lo que ha sucedido en este caso, por lo menos, no ha sucedido nunca en el municipio. Van a tener que dar cuentas de cómo se llegó a ese monto y quiénes fueron los responsables de dejar caer la apelación. En todo esto hay demasiadas desprolijidades que no pueden ser ignoradas. Y al final, el que pierde es Bariloche”.

*Foto instragram @marcelagonzalezabdala (La legisladora junto a Mike Domínguez durante el traspaso de mandato en octubre de 2023)