Créditos sin respaldo, lotes mal adjudicados y cuentas opacas: el informe que cuestiona al Instituto de Tierras de Bariloche

El Tribunal de Contralor de Bariloche expuso irregularidades millonarias en el Instituto de Tierras, con créditos mal registrados, desorden contable y déficit crónico.

En una conferencia de prensa realizada la mañana del martes, el Tribunal de Contralor de San Carlos de Bariloche presentó el informe final de auditoría sobre el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS), correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. El diagnóstico, resultado de cuatro años de revisión documental, es lapidario: créditos otorgados sin documentación ni control, activos sin registrar, deficiencias contables sistemáticas y un funcionamiento financiero que la propia auditoría define como “insostenible”.

“Se debe evaluar si el Instituto debe seguir en funcionamiento”, señala el informe, que fue elaborado por la Dirección Técnico-Contable del Tribunal.

Uno de los puntos más sensibles del relevamiento tiene que ver con el manejo del sistema de créditos habitacionales. En el año 2015, el IMTVHS registraba préstamos por $47,7 millones, lo que representaba el 82% del total del activo. Sin embargo, buena parte de ese volumen carecía de documentación respaldatoria, planes de pago firmados, o estudios socioeconómicos que justificaran su otorgamiento.

Los auditores advirtieron plazos de cancelación de hasta 600 meses (50 años), tasas de interés que variaban sin criterio claro entre el 3% y el 24%, y situaciones en las que no existía ningún registro formal de la deuda. En numerosos casos, reveló el informe, los beneficiarios no realizaron pagos durante un año completo y no hubo ningún tipo de intimación.

La cuenta de “Créditos a cuenta MSCB”, que concentraba los mayores montos, fue declarada “no verificable” por falta de documentación. El patrón se repitió en los ejercicios siguientes: en 2018 el total de créditos aún sin recuperar ascendía a $18,7 millones.

Operaciones sin justificación

Las inconsistencias también alcanzaron el manejo bancario. En 2016, por ejemplo, una cuenta en el banco Credicoop mostró movimientos por $2,7 millones sin órdenes de pago vinculadas. Otra cuenta del Banco Nación exhibía operaciones internas por $51.723 sin trazabilidad.

La auditoría identificó que varias cuentas presentaban diferencias entre los extractos bancarios y los saldos contables, con operaciones que fueron ajustadas a mano para que coincidieran, una práctica que impide cualquier tipo de seguimiento financiero serio.

A ello se suma una deuda fiscal persistente: al cierre de 2018, el Instituto acumulaba $7,9 millones en retenciones impagas de Ganancias, Ingresos Brutos y contribuciones, varias de ellas fuera de término, lo que —según advirtieron los técnicos— configura una posible apropiación indebida de tributos.

En materia de compras, la situación tampoco fue más clara. Se identificaron computadoras adquiridas por $42.500 que fueron mal imputadas como gasto corriente y nunca ingresaron al inventario institucional. El Instituto también contrató 28 líneas de telefonía móvil, con un gasto mensual de $16.219, sin que se asignaran responsables ni números.

Además, se registraron pagos mensuales de $66.214 por “tableros comunitarios de energía”, compras de materiales de construcción sin remitos firmados ni responsables de retiro, y facturas emitidas a nombre de la Municipalidad pero pagadas por el Instituto, lo que viola la normativa fiscal aplicable a entes descentralizados.

Un balance con números en rojo

Durante el período auditado, los estados contables muestran déficits persistentes: -$5.899.530 (2015), -$1.170.989 (2016); -$3.375.540 (2017). En 2018 se informó un superávit de $1.653.800, pero el resultado se explica exclusivamente por el ajuste contable por inflación (RECPAM). Sin ese artificio, el resultado real fue de apenas $5.623, cifra que los auditores calificaron como “irrisoria”.

Además, el Instituto no presentó las ejecuciones presupuestarias correspondientes a ninguno de los ejercicios analizados, pese a reiterados pedidos formales. La falta de cumplimiento de este requisito básico constituye, según el informe, una grave omisión en la gestión pública.

Adjudicación de tierras bajo sospecha

Otro de los puntos oscuros del informe es el proceso de adjudicación de lotes. La auditoría detectó duplicación de parcelas, diferencias entre listados impresos y archivos digitales, y falta de correspondencia entre los adjudicatarios y los registros oficiales de requirentes.

En total, se registraron 1.758 lotes no coincidentes entre planillas. En el caso del Sindicato de Saneamiento, el 93% de los beneficiarios de lotes no figuraba como solicitante en los registros previos. En otras cooperativas, como Luz y Fuerza o Transporte, la proporción de adjudicatarios sin antecedentes en el padrón osciló entre el 40% y el 53%.

La advertencia final del Tribunal de Contralor apunta al corazón del problema: la sustentabilidad operativa del organismo. Sin control documental, sin reglas claras y con un manejo financiero endeble, el IMTVHS se convirtió, en los hechos, en una estructura opaca.