Mi Bus denunció una “criminalización empresarial” en el debate por el boleto de colectivo

El gerente de Mi Bus apuntó contra lo que considera una “criminalización” del sector. Desmintió que el boleto sea el más caro del país y pidió discutir con seriedad el futuro del servicio.

“Hay una criminalización de las empresas de transporte”, sostuvo Juan Pablo Follonier, gerente de Mi Bus, en diálogo con el ciclo “Nada Personal” de Radio Con Vos Patagonia. Así, la principal prestadora del servicio urbano de pasajeros en Bariloche rompió el silencio frente a una creciente ola de cuestionamientos que van desde el precio del boleto hasta el estado de la flota, pasando por los recorridos, los subsidios y la posibilidad de extender el contrato de concesión.

Con cifras, argumentos técnicos y una invitación directa al diálogo político, Follonier e Ignacio Gigena —asesor legal de la firma— respondieron a las críticas que, según advierten, “confunden a la sociedad y generan odio hacia los trabajadores”.

Follonier fue tajante: “No es cierto que Bariloche tenga el boleto más caro del país”. Según detalló, antes del último aumento, el promedio en las ciudades del interior rondaba los 1.344 pesos, mientras que en Bariloche se mantenía en 1.209. Mencionó que otras provincias como Misiones, Chubut o Córdoba exhiben tarifas superiores, y que los señalamientos que buscan instalar lo contrario responden más a una lógica de ataque empresarial que a un análisis de datos.

"Se construyó una narrativa falsa y tendenciosa que criminaliza a las empresas y, como consecuencia, termina perjudicando al usuario final, porque se espantan las inversiones y se reduce la oferta del transporte público", remarcó el gerente.

Entre los factores que influyen en el costo del pasaje, Follonier destacó la geografía montañosa de la ciudad, los caminos de ripio (que representan el 70-80% del trazado) y los extensos recorridos, lo que acelera el desgaste de las unidades.

Además, recordó que Mi Bus debe absorber parte del impacto de la gratuidad del boleto escolar: "Transportamos cerca de 250.000 pasajeros gratuitos al mes. Los estudiantes primarios viajan sin cargo y los de escuelas privadas pagan apenas el 33% del boleto". También influyen los plus salariales por zona fría, un diferencial que no todas las empresas del país pagan.

Subsidios que ya no están

Según Follonier, ya no existen subsidios al combustible como en el pasado. En su lugar, la provincia de Río Negro aporta 100 millones de pesos mensuales como compensación, especialmente para cubrir los meses del ciclo lectivo. Pero esa suma —aclaró— no alcanza a cubrir la totalidad de los pasajes gratuitos, por lo que el resto del costo se transfiere al boleto común.

"El último aumento acompañó el proceso inflacionario y la modificación de un esquema de subsidios que ahora deja mucho más peso en el usuario", argumentó.

Follonier defendió el historial de inversión de Mi Bus. Recordó que en 2017, al asumir el servicio, la empresa puso en la calle una flota completa de unidades 0 km, un hecho sin precedentes en Bariloche. Pero en 2018, tras la eliminación de subsidios nacionales, debieron recortar 25 unidades para no trasladar ese costo al pasaje. "Desde entonces, mantenemos un proceso de renovación permanente, aunque condicionado", explicó.

Ese condicionamiento tiene nombre: la imposibilidad de amortizar nuevas unidades con apenas dos años restantes de contrato. Según Gigena, el principal proveedor de colectivos exige un mínimo de tiempo para justificar financieramente la inversión. Por eso, Mi Bus propone una prórroga del vínculo actual, que vence en 2027, para avanzar en una renovación total de la flota.

¿Puede el intendente extender el contrato?

"No, no puede hacerlo por resolución", aclaró Gigena. La ordenanza 502 prohíbe al intendente prorrogar el contrato por sí solo. Para hacerlo, necesita del aval del Concejo Deliberante con mayoría agravada. El abogado explicó que la propuesta surge del desfinanciamiento que la empresa sufrió durante la pandemia y que ha dejado un pasivo estructural que dificulta las inversiones.

"Queremos discutir con los concejales este tema cara a cara. La única manera de que los vecinos tengan mejores colectivos es que se renueve la concesión y se proyecte un plan de inversiones real", sentenció.

Recorridos y acusaciones cruzadas

Gigena también fue enfático sobre las responsabilidades institucionales: "La empresa no define los recorridos. Lo hace la Municipalidad, ya sea a través de la Comisión de Seguimiento o la Dirección de Transporte".

Rechazó además las versiones que indican que Mi Bus incumple con la inclusión de unidades adaptadas para personas con discapacidad. "No existe ninguna sentencia contra la empresa. Es el municipio el que debe garantizar una ciudad accesible. Nosotros igual invertimos en ese tipo de coches, aunque no sea una obligación contractual", subrayó.

Por último, apuntó directamente contra la concejal Roxana Ferreyra, integrante de la Comisión de Seguimiento del Transporte, quien habría sugerido que todo el planteo de la empresa es una "maniobra fraudulenta para estafar al Estado". "Que haga la denuncia, que presente pruebas. Nosotros responderemos como corresponde. Pero discutamos sobre las cosas reales", acusó el asesor letrado.