La Justicia ordena a Río Negro actualizar su mapa de bosques nativos tras una década sin avances
ONGs lograron que el STJ exija a la Provincia de Río Negro actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, clave para frenar proyectos inmobiliarios polémicos.
En una decisión celebrada por organizaciones ambientalistas, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dio curso a un mandamus presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables. Ambas ONGs, representadas legalmente por la abogada Andrea Govetto, reclamaron la urgente necesidad de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), una herramienta central para la gestión ambiental de la provincia que no se renueva desde 2011.
Según el comunicado difundido por las organizaciones, la falta de actualización del OTBN deja a los bosques nativos en una situación de "indefensión" y permite la aprobación de emprendimientos inmobiliarios en áreas que deberían estar protegidas por ley. Río Negro adhirió a la Ley Nacional 26.331 mediante las leyes provinciales 4366 y 4552, aprobando un primer y único mapa de ordenamiento en 2010 y 2011. Desde entonces, no hubo avances.
Los ambientalistas denuncian que el mapa actual presenta vacíos críticos, como la ausencia de clasificación en las laderas boscosas de los cerros Otto, Catedral y Carbón, zonas sensibles del entorno de Bariloche. Esta omisión, advierten, no es inocua: en reiteradas oportunidades, fue utilizada como argumento para permitir desarrollos urbanos en áreas forestales nativas.
Un caso emblemático, según detallan en el comunicado, es el proyecto Cerro Lindo, aprobado en diciembre de 2024, que prevé urbanizar más de 115 hectáreas de bosque nativo de ciprés, ñire y lenga. A pesar de la existencia de inventarios científicos elaborados por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), el emprendimiento avanzó sin intervención técnica por parte de la Subsecretaría de Recursos Forestales.
La situación genera un fuerte conflicto de intereses: Claudia Contreras, titular de ese organismo provincial y responsable de actualizar el OTBN, es también vicepresidenta del CIEFAP. Para las ONGs, esta doble función debería haber garantizado una postura técnica frente al avance inmobiliario en zonas forestales protegidas, pero eso no ocurrió.
El comunicado también menciona el proyecto CAUMA, en el oeste de Bariloche, que afecta una parcela con bosque nativo de ciprés y coihue. Según las organizaciones, allí también se autorizaron talas sin evaluaciones ambientales adecuadas.
El fallo del STJ otorga cinco días hábiles al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la Provincia para informar el estado actual del OTBN. Las ONGs confían en que esta medida judicial marcará un punto de inflexión y obligará al gobierno rionegrino a actualizar y aprobar el nuevo ordenamiento en plazos concretos, garantizando así una gestión sostenible del patrimonio forestal.
“El bosque nativo no es solo un recurso natural, es una garantía de futuro para nuestra región. No podemos permitir que siga siendo vulnerado por la desidia y la especulación”, sostienen desde las entidades firmantes.
