Diputados rionegrinos impulsan una ley para prohibir que funcionarios y sus familiares hagan negocios con el Estado
Sergio Capozzi (PRO) y Lorena Villaverde (LLA) presentaron un proyecto que busca cerrar el círculo entre poder político e intereses privados. “Prefiero parecer inocente antes que cómplice”, afirmó el legislador.
En medio de un clima político marcado por la desconfianza ciudadana hacia la dirigencia, los diputados nacionales Sergio Capozzi (PRO) y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de ley que podría modificar radicalmente las reglas de juego entre el Estado y sus funcionarios. La iniciativa busca prohibir que los funcionarios públicos de los tres poderes, así como sus familiares directos, puedan ser proveedores del Estado o realizar negocios con él, incluso después de dejar el cargo.
“La actual Ley de Ética Pública es letra muerta. Es una expresión de deseo sin consecuencias reales. No alcanza ni a los otros poderes ni a los familiares”, cuestionó Capozzi en declaraciones a Radio Con Vos Patagonia. La propuesta apunta a poner límites concretos y establecer sanciones penales para quienes utilicen información privilegiada para beneficio propio o de terceros, una práctica extendida que rara vez tiene consecuencias judiciales.
Uno de los casos que el legislador utilizó como ejemplo fue el del exCEO de YPF, Miguel Galuccio, quien tras dejar su cargo lanzó su propia empresa en el mismo sector energético. “Cobró un bono millonario y con eso creó una compañía que hoy vale más de 5.000 millones de dólares. Es doblemente inmoral”, lanzó Capozzi. Aunque admitió que la ley no puede ser retroactiva, el nuevo marco impediría que casos similares se repitan.
El proyecto también propone establecer un período de inhabilitación temporal, similar al de los contratos de no competencia en el ámbito privado. “Durante al menos dos años, ni el funcionario ni su familia podrán formar parte de empresas vinculadas con áreas sensibles del Estado”, explicó.
Según Capozzi, este tipo de regulación es habitual en países desarrollados, donde el uso de información confidencial con fines comerciales se considera un delito grave. En la Argentina, en cambio, “vemos cómo alguien deja un cargo en una empresa estatal un día, y al siguiente ya tiene una firma propia operando en ese mismo mercado”.
A diferencia de la legislación vigente, el nuevo proyecto prevé sanciones penales. “Hoy todo queda en manos de un juez que evalúa si hubo dolo. Es muy subjetivo. Esto va más allá de lo moral: es una herramienta concreta de transparencia”, detalló el diputado.
“Es una ley que incomoda, como ocurrió con Ficha Limpia”, comparó Capozzi, aludiendo a aquella iniciativa que buscaba impedir que candidatos con condenas penales pudieran postularse. “Nuestro proyecto puede parecer naif, pero nadie va a levantar el dedo en contra si tiene intereses cruzados. Yo prefiero que me traten de inocente antes que ser parte del sistema que legitima la corrupción”, concluyó.
