Debate por Uber y Cabify: "No podemos permitir que sigan llevándose el 25% sin aportar"

Carlos Di Franco, referente de los taxistas, exige una regulación equitativa para las plataformas de transporte y denuncia desmanejos políticos en el Concejo.

Carlos Di Franco, referente de la Asociación de Propietarios de Taxis (APAT), critica la falta de regulación y el avance de las plataformas de transporte como Uber y Cabify, en un momento crucial para el debate que se desarrollará en el Concejo Municipal. En sus declaraciones, Di Franco apuntó directamente a las falencias políticas y a lo que considera una permisividad inaceptable hacia empresas extranjeras que operan sin aportar al sistema nacional ni cumplir con las regulaciones vigentes.

"Lo que hay que hacer es regular la actividad", señaló Di Franco al iniciar su análisis. "Un titular de habilitación de taxi o remis tiene todo regulado, desde el pago de tributos hasta la cantidad de empleados. Pero esas cuestiones no las puede regular el municipio ni la provincia; debe hacerse a nivel nacional, desde la Cámara de Diputados y Senadores". Según el dirigente, las idas y vueltas en el Concejo Municipal sobre la regulación de estas plataformas no han hecho más que evidenciar la falta de un marco claro que proteja tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Una de sus principales críticas recayó sobre el concejal Tomás Hercigojna (PUL), a quien acusó de estar involucrado en un proyecto confuso y mal gestionado: "Arrancan con una idea que aparentemente es para los vecinos, pero después internamente se pelean entre ellos y al final el proyecto cambia o se degrada". Según Di Franco, estas disputas políticas internas no benefician a la ciudadanía, que simplemente "quiere un servicio que funcione, que esté controlado y que sea igual para todos".

El referente de APAT también puso en duda las motivaciones detrás del aparente favoritismo hacia una de las plataformas que desembarcaron en la ciudad. "Se nota que esta empresa les ha prometido algo", expresó, sugiriendo que el apoyo incondicional a la aplicación en cuestión no es casual. Además, cuestionó duramente la falta de aportes fiscales de estas compañías: "Es una plataforma que cobra una comisión por unir servicio con clientes, y no tributa en ningún lado".

Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue su crítica a la participación de empresas extranjeras en el mercado local sin cumplir con las regulaciones: "¿Está bien que una empresa extranjera se lleve el 25% o el 30% de un viaje que hace un vecino en un auto particular no habilitado?", se preguntó retóricamente, agregando que esta situación es una clara injusticia para quienes cumplen con las normativas vigentes.

Di Franco subrayó que no está en contra de la tecnología en el transporte, pero sí exige que se incorpore de manera justa. "Nosotros no pedimos que la tecnología no exista en el transporte. Queremos que se incorpore como se debe, no abriendo el mercado a empresas foráneas que no cumplen con las leyes". Como ejemplo, señaló que en Buenos Aires, Cabify logró habilitarse como una empresa de remises y cumplir con las normativas correspondientes, aunque advirtió que "el resto es trucho".

El líder de APAT también dejó en claro su oposición total a la operación de autos particulares sin habilitación: "No estamos de acuerdo con autos particulares, ni lo vamos a estar nunca. Si estas empresas quieren operar, que vengan, se habiliten y respeten las normas".

Finalmente, Di Franco hizo un llamado a las autoridades municipales para que intervengan y gestionen esta situación de manera adecuada, evitando que los taxistas deban enfrentarse a una competencia desleal que los obliga a tomar decisiones ilegales por desesperación: "Hay una desidia y un desmanejo total en la gestión. Nos están pisoteando, pero vamos a pelear, sea contra quien sea".

Con el debate sobre la regulación de aplicaciones de transporte en pleno auge, las palabras de Carlos Di Franco resonarán con fuerza en un Concejo Municipal que debe encontrar una solución que responda al reclamo de equidad y el cumplimiento de las normativas para todos los actores involucrados.