Denuncian un "plan a medida" de los privados en el cerro Catedral
Wallace acusa al Ejecutivo de entregar tierras en el Cerro Catedral bajo un plan que, según afirma, beneficia a privados y contradice la Carta Orgánica de Bariloche.
La concejal Julieta Wallace expresó su preocupación y fuertes críticas hacia el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral, impulsado por el intendente Walter Cortés. Wallace asegura que el proyecto va más allá de fijar parámetros urbanísticos y denuncia una "entrega de tierras" en favor de la empresa concesionaria, CAPSA, con potenciales consecuencias ambientales, legales y urbanísticas para la región.
"No es solo dar parámetros a la tierra del cerro", comenzó Wallace. "Lo que está presentando el Departamento Ejecutivo es un Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral que contempla varios aspectos". Según la concejal, la ordenanza 2929/18 —que prorrogó por 30 años la concesión del centro invernal de esquí— establece seis Áreas de Ocupación Concertada (AOC) en 79 hectáreas, distribuidas en toda el área concesionada. Sin embargo, explicó que "en ningún lado de la ordenanza dice que eso debe hacerse todo junto, como pretende ahora el Ejecutivo".
Wallace advirtió que este proyecto va más allá del mandato de la ordenanza y pone en peligro la transparencia en la gestión de las tierras públicas. "El Departamento Ejecutivo propone diez Áreas de Ocupación Concertada, que también suman 79 hectáreas, pero con una diferencia: la entrega del dominio sobre las parcelas", señaló, enfatizando que "la ordenanza 2929/18 establece un sistema de asociación público-privada, pero no entrega las tierras en sí". La concejal respaldó su advertencia con un fragmento del plan en cuestión, donde se establece que "la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, actual propietaria del predio, aporte el derecho real de dominio sobre las parcelas".
Para Wallace, esta cláusula implicaría "la entrega del derecho real de dominio" de las tierras a la empresa concesionaria, contradiciendo principios de la Carta Orgánica Municipal. “La Carta Orgánica define las tierras del Cerro Catedral como inalienables, es decir, no pueden venderse ni transferirse del patrimonio público", afirmó. Agregó que el proyecto tampoco cumple con el mandato de un plan de desarrollo integral para las 1.920 hectáreas del área de concesión, sino que “es un plan a medida de la empresa concesionaria”.
Además del carácter aparentemente irregular del proyecto, Wallace expresó su inquietud sobre el impacto que podría tener en el mercado inmobiliario y el desarrollo de Bariloche. En el plan se considera -a futuro- la construcción de 13.000 nuevas camas en el cerro Catedral, que se sumarían a las 31.000 habilitadas y a otras 13.000 que funcionarían sin habilitación formal en la ciudad. "Esto generará una competencia desleal con la oferta de hospedaje en el casco urbano y las zonas turísticas de los kilómetros, un desarrollo totalmente aislado que no se integra con la ciudad”, indicó Wallace, en referencia a la creciente presión inmobiliaria que enfrentaría el sector.
Wallace explicó que, con la concesión de estos derechos, la empresa tendría la posibilidad de realizar subdivisiones de lotes en áreas de alto valor, como en Chapelquito, donde se permitirían fraccionamientos de hasta 800 metros cuadrados. "Imaginemos el negocio inmobiliario de esas tierras en el cerro Catedral", comentó. Según Wallace, la empresa podría adquirir las tierras a 10 dólares el metro cuadrado y venderlas en el mercado inmobiliario “al triple o más”.
Una opción de canje que genera dudas
Wallace también se refirió a las opciones que el Estado Municipal tendría ante esta cesión de dominio: “Podría obtener un ingreso directo de 7 millones de dólares por la venta de las tierras o aceptar la alternativa del canje para loteos sociales”, detalló. Sin embargo, insistió en que la falta de transparencia en este proceso genera muchas dudas: "Cuando uno va a estos espacios participativos, como fue el último CPM, no se explica nada de esto".
Para Wallace, esta falta de información contribuyó al enojo de los vecinos que asistieron a la reunión del CPM y que derivó en la suspensión de la sesión. “Si no hay transparencia, ¿cómo no va a desconfiar la gente? No es solo dar parámetros urbanísticos; es mucho más complejo que eso”, afirmó. La concejal concluyó resaltando que, sin una exposición clara y completa de los términos del plan, “el trasfondo del proyecto parece favorecer más a los intereses de CAPSA que a los de los habitantes de San Carlos de Bariloche”.
