El futuro del referéndum, en manos de la Justicia: Ramos Mejía anticipa un posible prohibimus

El abogado y ex legislador Alejo Ramos Mejía cuestionó la legalidad del referéndum convocado por el intendente Walter Cortés y alertó sobre un posible conflicto institucional.

En medio de la polémica por la convocatoria a referéndum popular anunciada por el intendente Walter Cortés para someter a votación diez proyectos del Ejecutivo municipal, el abogado Alejo Ramos Mejía —ex legislador provincial y actual asesor jurídico— aportó una mirada crítica que pone en tensión la legalidad y legitimidad de la maniobra impulsada por el jefe comunal.

En un análisis para Radio Con Vos Patagonia, Ramos Mejía no solo desmenuzó los límites legales de la herramienta de consulta popular en Bariloche, sino que advirtió sobre una serie de contradicciones políticas y riesgos institucionales que, según su análisis, podrían derivar en una judicialización del conflicto.

“La regla es la democracia representativa. Lo otro es la excepción”, advirtió el letrado, en referencia al uso del referéndum como recurso frecuente. Recordó que el sistema de gobierno se basa en la elección de representantes —intendente, concejales y miembros del Tribunal de Contralor— con mandatos claros por cuatro años, para que ejerzan sus funciones sin delegar las decisiones estructurales en la ciudadanía de manera sistemática.

Desde esa perspectiva, cuestionó el uso del referéndum como forma de evadir el ejercicio de gobierno: “No se puede estar bien con todo el mundo. Cada decisión tiene un costo. Gobernar implica asumirlos”.

Uno de los puntos más sensibles que expuso Ramos Mejía tiene que ver con la competencia institucional. Si bien el artículo 163 de la Carta Orgánica Municipal autoriza al gobierno a realizar un referéndum, el abogado precisó que la atribución para convocarlo corresponde al Concejo Deliberante. “El intendente puede proponerlo, pero no tiene competencia exclusiva para hacerlo por resolución. Es el Concejo quien debe resolverlo”, aseguró.

La omisión de este paso, interpretó, no solo vulnera el principio de división de poderes, sino que podría abrir la puerta a un conflicto de poderes que tendría como última instancia al Superior Tribunal de Justicia.

Una pregunta, no diez: el límite temático del referéndum

El artículo 163 es específico: habla de “el tema” a consultar. En singular. Esa redacción, sostuvo Ramos Mejía, impide que se someta a votación un paquete de temas heterogéneos, como propuso Cortés. “No se puede hacer una sola consulta sobre asuntos que no tienen entre sí ningún hilo conductor”, apuntó.

Entre los puntos anunciados por el Ejecutivo aparecen desde la construcción de un natatorio y el arbolado en la costanera hasta el salario de los delegados sindicales y el destino de la Ecotasa, una dispersión temática que, para el abogado, “atenta contra la seriedad del proceso”.

Ramos Mejía también consideró que buena parte de los temas que el intendente quiere llevar al referéndum ni siquiera requieren una consulta popular: son parte de sus deberes como Ejecutivo o potestades del Concejo.

Por ejemplo, la cesión de un inmueble mediante comodato debe ser autorizada por ordenanza; la ecotasa puede ser reformulada con una redacción jurídicamente sólida; y la remoción de pinos en la costanera ya fue abordada con informes técnicos en la gestión anterior. “Hasta el salario de los delegados gremiales está regulado por una ordenanza vigente y responde a derechos adquiridos. No se puede votar algo que ya está definido por ley”, remarcó.

Costo económico

Otro factor de peso que puso en consideración es el impacto presupuestario. “Las elecciones son caras”, señaló, y recordó que Bariloche ya tiene previsto un calendario electoral cargado: en 2026 se elegirá a los convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica, y en 2027 se celebrarán elecciones municipales, provinciales y nacionales.

En ese contexto, gastar millones de pesos en una votación “innecesaria”, cuando muchos de los temas pueden resolverse en el Concejo o en el Ejecutivo, le parece un despropósito: “Esos fondos estarían mejor destinados a la construcción de una pileta que a financiar una elección”, ironizó.

Para Ramos Mejía, el intento del Ejecutivo de imponerle al Concejo Deliberante una agenda a través del referéndum representa una vulneración de su autonomía. “El Concejo es un poder soberano con su propio reglamento, sus atribuciones y deberes definidos en la Carta Orgánica. Nadie puede forzarlo a tratar temas por fuera de ese marco”, advirtió acerca de los dichos del intendente que mandó a suspender el tratamiento de cualquier ordenanza vinculada a los temas que tratará el referéndum.

Más aún, recordó que si el Concejo avanza con una ordenanza sobre alguno de los temas en consulta —como el caso de Uber—, eso podría colisionar con la eventual votación popular, generando un problema de legitimidad y superposición normativa.

Una señal de debilidad política

Detrás de la consulta, el abogado ve una estrategia de contención de costos políticos más que una vocación democrática. “Cuando uno no quiere asumir decisiones, se escuda en la voluntad del pueblo. Pero la ciudadanía valora cuando sus representantes toman decisiones”, sentenció.

Así, el referéndum deja de ser una herramienta de participación y se transforma, en su visión, en una señal de debilidad del gobierno municipal: “No es lo mismo gobernar que administrar un debate permanente. Si uno fue electo, es para tomar decisiones”.

En caso de que el Concejo rechace el referéndum, no se descarta una escalada judicial. Ramos Mejía advirtió que podría presentarse un “prohibimus” —acción de amparo para impedir una acción contraria a la Constitución— si el Ejecutivo insiste con una convocatoria por fuera del marco normativo.