Crisis política: citan al intendente por avanzar con un referéndum sin aval del Concejo
Natalia Almonacid criticó al intendente de Bariloche por avanzar con un referéndum sin aval legislativo. El Concejo lo citó y podría aplicarle una sanción económica.
La convocatoria a un referéndum popular impulsada por el intendente de Bariloche, Walter Cortés, para someter a votación una decena de proyectos del Ejecutivo —entre ellos, el conflicto por la habilitación de Uber— desató una crisis política de creciente tensión con el Concejo Municipal. Desde el cuerpo legislativo denuncian una maniobra unilateral que elude el marco legal vigente, y por eso decidieron citar al jefe comunal para que brinde explicaciones formales ante los concejales. Si no comparece, podría recibir una sanción económica.
La medida se da en un contexto de fuerte preocupación institucional. Para la concejal de Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid, el llamado a referéndum revela no solo un desconocimiento profundo del funcionamiento institucional, sino también una tentativa deliberada de debilitar al Concejo Deliberante y arrogarse facultades legislativas que no le corresponden al Ejecutivo.
“Me llama mucho la atención que no pueda, de una propuesta que es tan fuerte, tan relevante, explicar cuál es el procedimiento que tiene en su cabeza”, afirmó Almonacid en diálogo con Radio Con Vos Patagonia.
Según su mirada, ni el intendente ni su asesora letrada, Yanina Sánchez, han demostrado dominio de los marcos normativos que regulan el funcionamiento municipal. Más aún: la edil sostuvo que el Ejecutivo se ampara en normas provinciales para justificar un accionar que ya está claramente regulado por la propia Carta Orgánica Municipal.
La concejal remarcó que los artículos 163 y 38 inciso 14 de la Carta Orgánica establecen con claridad que el referéndum es un deber y función del Concejo Municipal, y por lo tanto el Ejecutivo no puede avanzar por su cuenta en una convocatoria de ese tipo sin pasar por el órgano legislativo. “No sé si lo obvian por desconocimiento, por impericia o directamente a propósito”, planteó.
En el centro de la controversia está la pretensión del intendente de legislar sin el Concejo, algo que, para Almonacid, no resiste el menor análisis jurídico. “No tiene posibilidades él de legislar”, advirtió. Y fue más allá: “Si un proyecto como el de Uber es aprobado por la ciudadanía mediante referéndum, ¿cómo lo transforma en ordenanza sin el Concejo Deliberante? No sé qué es lo que quiere hacer. Es ilógico”.
La edil comparó la situación con el caso ChangoMás, en el que también se utilizó la herramienta del referéndum. Aun así, explicó, el proyecto debió ser remitido al Concejo para ser sancionado como ordenanza. “La participación ciudadana no suple el proceso legislativo. Lo complementa”, subrayó.
Citación formal y posible sanción
Ante el avance unilateral del Ejecutivo, el Concejo Municipal activó uno de sus resortes institucionales. En la última sesión legislativa se resolvió citar a Cortés para que comparezca ante la próxima comisión. La iniciativa fue presentada por la concejal Samanta Echenique y contó con el respaldo de Almonacid, que justificó la decisión en base al artículo 38 inciso 19 de la Carta Orgánica.
Ese artículo establece que el intendente tiene la obligación de presentarse salvo que esté “de viaje o enfermo”, y que debe justificar su ausencia por escrito. En caso de no hacerlo, el Concejo puede imponerle una sanción económica del 30% de su salario mensual. “Aunque el intendente puede vetar esa sanción, tenemos los ocho votos necesarios para insistir”, advirtió Almonacid.
El gesto no es solo administrativo: representa un mensaje político claro del Deliberante frente al intento del Ejecutivo de avanzar sin consensos y al margen de la ley. A medida que se profundiza el conflicto, crece el temor de que el intendente intente instalar la idea de que el referéndum puede reemplazar el proceso institucional ordinario.
Pero las críticas de Almonacid no se limitaron al intendente. También hubo reproches hacia otros órganos de control e instituciones autónomas que, a su juicio, no están cumpliendo su rol ante el avance irregular del Ejecutivo.
Se refirió puntualmente al Tribunal de Contralor y a la Junta Electoral Municipal, dos espacios que —según sostuvo— deberían actuar con mayor firmeza para garantizar el debido proceso legal.
“Espero que la Junta Electoral, ante una eventual presentación formal del referéndum, al menos pida un procedimiento de certeza o una mirada jurídica. Si no lo hacen, son tan responsables como Walter Cortés”, advirtió.
Por ahora, no existe una presentación formal del referéndum ante la Junta, más allá de los anuncios públicos del intendente. Esa falta de documentación oficial no solo agrava la incertidumbre, sino que alimenta las sospechas sobre la viabilidad legal de la convocatoria.
Mientras Cortés se presenta como un defensor de la “democracia directa”, los concejales alertan que, lejos de empoderar a la ciudadanía, el intendente estaría usando el referéndum como una vía de escape institucional para avanzar con su agenda sin someterse a controles.
