Clima caliente en el Concejo por el proyecto que regula Uber y las apps de transporte en Bariloche
Con insultos y cruces entre choferes y concejales, la comisión de Gobierno debatió el proyecto que busca regular Uber y Cabify en Bariloche, tras el decreto de Cortés.
El intendente Walter Cortés avanzó con una resolución que habilita el funcionamiento de Uber, Cabify y otras plataformas digitales, pese al reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que anuló el referéndum convocado para este domingo, donde los vecinos debían pronunciarse sobre diez temas de gestión municipal.
El fallo, emitido en un voto dividido por el STJ, consideró que el jefe comunal “excedió sus competencias e invadió atribuciones del Concejo Deliberante”, dejando sin efecto la consulta popular.
Lejos de acatar la medida, Cortés reaccionó con una resolución que dejó sin efecto la prohibición vigente desde 2023 y dio vía libre a las aplicaciones de transporte. El movimiento sorprendió a los concejales que en paralelo debatían un proyecto de regulación con cupos, y generó un choque institucional de alta intensidad.
La resolución encendió los ánimos dentro y fuera del recinto. Decenas de taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones se concentraron en el Concejo Municipal mientras se desarrollaba la comisión de Gobierno y Legales.
El ambiente se tornó tenso cuando César Alonso, un conductor de Uber, increpó e insultó al concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN), quien debió abandonar la sala tras un intercambio de insultos. Luego de criticar a los gritos a los integrantes de la mesa, Alonso interrumpió a Ferrari y le dijo “¡pelotudo!”. El concejal no toleró más intervenciones, se levantó de su silla y el enfrentamiento casi termina a los golpes.
En el exterior, inspectores municipales labraron infracciones a taxis y remises estacionados en zonas prohibidas alrededor del Centro Cívico, lo que avivó las acusaciones de persecución política. La comisión de este martes terminó sin avances y con un clima de abierta confrontación entre los bloques.
Dentro del Concejo, los debates se dividieron entre el proyecto oficialista —presentado el año pasado por el bloque de Cortés— y la iniciativa alternativa impulsada por la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une).
Ferreyra propone un sistema mixto con un cupo de 280 vehículos privados habilitados para operar mediante aplicaciones, además del registro de 510 taxis y remises ya existentes. El esquema incluye un registro obligatorio de choferes, controles técnicos y una comisión veedora con participación de todos los sectores.
Mientras el oficialismo defendía la idea de “liberar el servicio” para mejorar la conectividad urbana, la oposición advertía sobre la falta de reglas claras, el impacto laboral y la ausencia de control tributario sobre las plataformas digitales.
Los gremios van a la Justicia
El malestar del sector tradicional del transporte no tardó en formalizarse. Carlos Di Franco, titular de la Asociación de Propietarios de Taxis, anticipó que demandarán judicialmente al intendente por “mal desempeño de sus funciones”.
A su entender, la resolución municipal “solo autoriza el uso de las aplicaciones, no a los vehículos no habilitados”, lo que haría ilegal cualquier viaje fuera del marco de taxis o remises registrados. “El Código de Infracciones sigue penando el transporte sin habilitación. El intendente se arrodilla ante las multinacionales y va a romper el mercado local”, advirtió Di Franco, visiblemente indignado.
Para los taxistas, el decreto representa una competencia desleal y amenaza con desestructurar un sistema ya presionado por el aumento de costos, la caída de la demanda y la expansión de los servicios informales.
