Cerró el juicio a Gennuso: la fiscalía pidió condena por peculado y la defensa habló de una causa “política”
En los alegatos de clausura, el fiscal jefe Martín Lozada acusó al exintendente de Bariloche de usar fondos de Techo Digno “de modo discrecional y fuera de la ley”. Su defensa sostuvo que “no se sustrajo nada” y que “la acusación debe enorgullecerlo”.
En el marco del juicio oral contra el exintendente Gustavo Gennuso, este viernes se realizaron los alegatos de clausura ante el Tribunal. La próxima semana se conocerá el veredicto, que definirá la responsabilidad penal del exjefe comunal por el presunto desvío de fondos del programa nacional Techo Digno.
El fiscal jefe Martín Lozada sostuvo que quedó acreditado que Gennuso “conocía el irregular proceder de su antecesora” y que, pese a ello, repitió el uso indebido de fondos específicos transferidos por el Estado Nacional para la construcción de viviendas. La defensa, a cargo del abogado Manuel Maza, planteó que los movimientos financieros fueron legales y que el exintendente “priorizó pagar sueldos y no cometer un abandono del deber público”.
El alegato de Lozada
El fiscal comenzó recordando que, al asumir el 10 de diciembre de 2015, Gennuso tomó posesión de los convenios del plan Techo Digno y con ello, la obligación de rendir o restituir los fondos no utilizados. “Quedó comprobado que los montos no rendidos ascendían a $157 millones, y que la cuenta designada en el Banco Nación era la misma informada a Nación para recibir los desembolsos”, señaló Lozada.
Agregó que no hubo discusión sobre las operaciones de débito por $100 millones y luego por $5 millones, transferidos a una cuenta del Banco Credicoop, ni sobre la constitución de múltiples plazos fijos a nombre del municipio.
Para el fiscal, las tres jornadas de debate confirmaron que Gennuso tenía pleno conocimiento del estado financiero de la Municipalidad al momento de asumir. “A pedido de la administración entrante, la escribana Gattas dejó constancia del estado contable el 9 de diciembre de 2015, en presencia de la asesora legal y del secretario de Hacienda, Ariel Gomis. Allí se detallaron cuentas bancarias, fondos específicos, traspasos y órdenes de pago. Es decir, sabía con precisión cómo estaban las arcas municipales”, remarcó.
Lozada recordó que, apenas asumido, el nuevo gobierno municipal declaró la emergencia económica, lo que reflejaba “el peculiar estado de las finanzas locales”. Sin embargo, esa medida excluía expresamente los fondos con destino específico, entre ellos los del plan Techo Digno.
“Gennuso sabía que no podía echar mano a fondos reservados. Su obligación era reintegrarlos al Estado Nacional. Pero decidió mezclarlos con otros dineros para disponer de ellos a discreción”, argumentó.
El fiscal acusó al exintendente de haber autorizado los débitos bancarios, de haber constituido 31 plazos fijos y de obtener intereses por $17 millones sobre los $105 millones retirados del Banco Nación. “En total manejó $122 millones; reintegró 64 y usó los restantes 58 para pagar salarios y devolver fondos a otros programas”, explicó.
“Su intención no fue proteger el dinero público. Fue retirarlo del ámbito de custodia y usarlo como quisiera. Esos fondos eran para viviendas y no los devolvió. Con esa decisión se apartó de la ley y cometió peculado”, concluyó Lozada, quien pidió que se lo declare autor de dos hechos de peculado en concurso real.
La defensa
El abogado Manuel Maza ensayó una defensa frontal. Tomó una pizarra, dividió los nombres de los testigos en “cargo” y “descargo”, y al ver la mayoría de un lado, afirmó que la acusación “se había caído sola”.
Sostuvo que las operaciones bancarias no fueron ordenadas por Gennuso, sino por el entonces secretario de Hacienda, y que los fondos del programa no estaban bajo custodia del Poder Ejecutivo, sino de la Tesorería Municipal, según el artículo 39 de la Carta Orgánica.
“La sustracción implica restar, y aquí no se restó nada. Al contrario, se acrecentó el patrimonio público: los plazos fijos generaron $17 millones de intereses. Tomar ese dinero, ponerlo a producir y pagar con eso lo que correspondía no es delito, es buena gestión”, afirmó.
Maza justificó la decisión de usar parte de los fondos para cubrir salarios en diciembre de 2015. “Tenía que pagar aguinaldos. Entre devolverle plata a Nación que nunca iba a recuperar o pagar sueldos, eligió cumplir con un derecho constitucional. Eso no es peculado. Si fuera delito, sería otro, pero no este”, subrayó.
El abogado calificó el proceso como “una causa política”, enfatizando que los hechos datan de los primeros meses de gestión y que el propio electorado ratificó su confianza en Gennuso al reelegirlo en 2019.
“Después de ocho años de gobierno, de sanear la gestión y entregarla en mejores condiciones, le encontraron dos depósitos y plazos fijos", sostuvo, y se dirigió al exintendente: “Saque pecho mi amigo, porque esta acusación lejos de denostarlo, lo tiene que enorgullecer. En su lugar yo hubiera hecho lo mismo”.
El cierre del juicio y lo que viene
Esta parte del juicio al que fueron sometidos exintendentes de toda la provincia, investigó la administración de fondos nacionales enviados para construcción de viviendas sociales y, en este caso en particular, durante la transición entre la gestión de María Eugenia Martini y la de Gennuso.
Los jueces deberán resolver la próxima semana si el exintendente incurrió en el delito de peculado, que castiga el uso indebido de fondos públicos, o si, como plantea la defensa, actuó dentro de los márgenes administrativos y en un contexto de crisis financiera.
De confirmarse la acusación, la sentencia marcaría un precedente institucional de alto impacto en Río Negro, al involucrar por primera vez en la historia reciente de Bariloche a un exintendente por el manejo irregular de fondos nacionales para viviendas.
