Caso Navtour: el municipio aceptó pagar daños a una estación de servicio que no podía vender combustibles
El pago de 900.000 dólares a Navtour SA, sumó otra polémica tras conocerse que la empresa no tenía habilitación vigente durante el período en disputa, por lo que no podía funcionar como estación de servicio.
En un movimiento que generó sospechas, el municipio acordó pagar 900.000 dólares a Navtour SA, una empresa que, según registros oficiales, no contaba con habilitación para operar como estación de servicio durante gran parte del período en disputa.
Según la Dirección Nacional de Economía y Regulación del Ministerio de Economía, la sede de Navtour en Bariloche, donde se pensaba abrir una estación de la marca Gulf, fue autorizada a operar recién el 18 de mayo de 2020 y se dio de baja en diciembre del mismo año.
Un dato que cobra especial relevancia lo aportó este lunes (21/4) la legisladora Marcela González Abdala, quien oportunamente estuvo a cargo de la Asesoría Letrada y la Jefatura de Gabinete del municipio, ya que -según dijo- el gobierno ya había recibido otro informe desde la órbita nacional indicando que los tanques de la estación de servicio no estaban habilitados y debían ser reemplazados. De hecho, Navtour adquirió la estación de servicio cuando llevaba varios años cerrada y se encontraba concursada .
A pesar de estas irregularidades, el municipio decidió llegar a un acuerdo extrajudicial con Navtour, representada por abogados vinculados al entorno del intendente Walter Cortés. La decisión de no apelar una sentencia parcial y de acordar un pago significativo sin una presentación judicial generó críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso.
La Comisión de Transacciones, que incluye representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Contralor, convalidó el acuerdo. Sin embargo, la falta de apelación y la rapidez con la que se aprobó el pago dejó interrogantes sobre los criterios utilizados para tomar esta decisión y sobre la posible existencia de conflictos de interés.
Abogados vinculados a la gestión Cortés
La Municipalidad de Bariloche defendió el acuerdo como una opción para saldar una posible demanda por daños y perjuicios. El origen del conflicto se remonta a 2018, cuando el municipio dio de baja la habilitación comercial de Navtour por abandono del predio. A partir de allí se inició una disputa por ese permiso municipal, aunque en los últimos años la firma, cuyo apoderado era el actual vocal del Contralor, Damián Vila, también reclamó 2,6 millones de dólares.
La controversia no sólo gira en torno al monto, sino a los vínculos personales que rodean el caso: desde su inicio, la empresa fue representada por abogados ligados al intendente y al Sindicato de Comercio que él conduce. Entre ellos, Martín "Mike" Domínguez (actual vocero de Cortés y vicepresidente en el Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral), el mencionado Damián Vila y el asesor técnico del Contralor, el abogado Slavco Jancovick. Todos integrantes del estudio A y C. En el último tramo se sumó el abogado Luciano Stella, con fuertes vínculos sociales con Domínguez.
La Justicia había fallado parcialmente a favor de Navtour en octubre de 2023, únicamente sobre la cuestión administrativa, pero la comuna no apeló ni esperó una resolución definitiva. Optó por una mediación y luego el pago, convalidado por la Comisión de Transacciones. La falta de transparencia, la decisión de no continuar el litigio y los estrechos lazos entre partes abrieron fuertes cuestionamientos éticos y políticos por parte de los concejales de la oposición.
Reclamos en el Deliberante
La semana pasada la asesora letrada del Concejo, Fiorella Scelatto, defendió la legalidad del proceso y lo consideró una salida razonable frente a una eventual derrota judicial, varios concejales arremetieron con fuerza: hablaron de conflictos de intereses, irregularidades procesales y un pago millonario sin demanda formal iniciada ni liquidación detallada del reclamo.
Los concejales Julieta Wallace (IB), Roxana Ferreyra (Nos Une), Juan Pablo Ferrari (JSRN) y Leandro Costa Brutten (IB) criticaron la falta de transparencia, la caída de una apelación previa que hubiera evitado el juicio y los honorarios elevados a abogados allegados al intendente. Incluso se denunció que uno de los beneficiarios del acuerdo había recibido también beneficios urbanísticos en el cerro Otto durante esta gestión.
El presidente del Concejo, Gerardo Del Río (PUL), defendió el acuerdo como “lo menos dañoso” para el municipio, pero se comprometió a entregar toda la documentación. La oposición, en cambio, exigió suspender los pagos y revisar el caso completo.
