A un mes del acuerdo con Navtour: críticas cruzadas, silencio judicial y un expediente sin denuncia
A punto de cumplirse un mes desde la autorización de pago a Navtour SA, por un monto superior a los 900.000 dólares, no se han presentado denuncias en la justicia ordinaria.
A casi un mes del acuerdo millonario firmado por el intendente Walter Cortés con la empresa mendocina Navtour SA, el caso sigue generando ruido político, desconfianza social y perplejidad jurídica. A pesar del fuerte impacto del pago –900.000 dólares a una firma cuya habilitación comercial fue anulada por no poder vender combustibles–, el asunto no logró escapar del plano mediático ni de los pasillos del Concejo Municipal. Nadie, hasta ahora, decidió dar el paso hacia la Justicia ordinaria.
La raíz del conflicto se remonta a la gestión del exintendente Gustavo Gennuso, cuando Navtour SA no logró la habilitación para una estación de servicio en el kilómetro 13 de la avenida Bustillo. Sin embargo, tal como figura en el informe técnico de la Municipalidad, esa estación nunca llegó a contar con la habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación para expender combustibles.
El motivo: los tanques y el sistema de seguridad contra incendios no cumplían con las condiciones normativas vigentes. El informe interno indicaba que “de haberse mantenido la habilitación, se habría habilitado una actividad para la que no se contaba con los requisitos técnicos indispensables”.
A pesar de ello, Navtour inició una demanda por “daños y perjuicios”, reclamando 2,6 millones de dólares, luego de que la Justicia determinara que la empresa no había sido notificada correctamente y que el proceso administrativo debía retrotraerse al comienzo. Pero sin fallar sobre la cuestión de fondo. Ese juicio quedó suspendido tras la conformación de la Comisión de Transacciones, que terminó avalando un acuerdo extrajudicial de 900.000 dólares en favor de la empresa además de 90.000 dólares para el abogado Luciano Stella.
Las claves del acuerdo
El documento firmado en octubre de 2024 deja al descubierto una paradoja jurídica que muchos concejales no terminan de digerir: el municipio no reconoce ningún hecho ni derecho a favor de la empresa, pero igualmente se compromete al pago, en ocho cuotas, bajo un esquema que le otorga al acuerdo el carácter de título ejecutivo, es decir, con posibilidad de ejecución directa en caso de incumplimiento.
En una de sus cláusulas más llamativas, el texto sostiene que el municipio acepta el pago “únicamente por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, con el fin de evitar un litigio más costoso. Pero la falta de fundamentos técnicos y económicos sólidos en el expediente, sumado a que el propio Estado reconoce que Navtour no tenía autorización para vender combustibles, disparó una ola de cuestionamientos en el Concejo.
“Es un disparate. Le estamos pagando a alguien que no podía operar”, afirmó una concejal en plena comisión, en un debate que terminó con la oposición pidiendo la nulidad del acuerdo y la suspensión inmediata de los pagos. Pese a eso, el Ejecutivo ya abonó la primera cuota.
Silencio, evasivas y una salida sin respuestas
La tensión escaló aún más cuando la asesora letrada Yanina Sánchez se presentó ante el Concejo Municipal, aunque, tras algunos minutos, abandonó la sala de manera intempestiva cuando se le había pedido explicaciones sobre el acuerdo. El gesto fue leído por varios concejales como una falta de respeto institucional y una señal de debilidad política.
Con este combo –pago millonario, dudas legales, y un expediente sin peritajes técnicos independientes–, llamó poderosamente la atención que ninguna fuerza política ni actor institucional haya presentado una denuncia ante la Justicia ordinaria. El Concejo debatió, exigió suspender pagos, y hasta votó la anulación del convenio. Pero nadie fue más allá. La Comisión de Transacciones, que interviene en nombre del Estado municipal, tampoco presentó un informe exhaustivo que justifique el pago.
Para algunos, la inacción responde a pactos de silencio entre sectores del poder político y empresarial. Mientras tanto, el municipio sigue pagando. Y el caso Navtour permanece donde empezó: en el terreno del escándalo discursivo, pero no del control institucional.
